«El Perú necesita con urgencia que sus autoridades superen los frecuentes enfrentamientos porque estos nos llevan a la división, el caos, a la ruptura de la legalidad y la legitimidad,» fue el llamado que hicieron los obispos de la Conferencia Episcopal peruana al referirse a la crisis que se vive en el país por causa de la decisión del Congreso de iniciar una investigación «de carácter sumario» que en 14 días debe ocuparse de las que serían «causales graves» cometidas por los miembros de la Junta Nacional de Justicia y que de comprobarse, llevarían a la destitución de sus integrantes.
Estabilidad en peligro
En el mensaje de la Conferencia Episcopal peruana titulado «Seamos arquitectos de una democracia sólida, con paz y justicia social,» los obispos señalan que esta situación «agudiza los conflictos y lleva los problemas al abuso del Derecho y a la irrazonabilidad en el ejercicio del poder». Situaciones que advierten en otras ocasiones han hecho mucho daño a la nación. «Este enfrentamiento entre dos órganos constitucionales del Estado está generando un grave daño a la estabilidad e institucionalidad democrática,» lo que advierten pone en riesgo la legalidad, la armonía social y los mandatos de la constitución política.
La Iglesia recuerda que la Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucional autónomo, cuyos miembros amparados por la constitución, gozan de la garantía del Estado para ejercer sus funciones con independencia, lo que implica inamovilidad en sus cargos y permanencia en el servicio, mientras observen una conducta e idoneidad propias para la realización de sus funciones.
En ese sentido aseguran que «estos conflictos se deben afrontar con base al respeto irrestricto del orden constitucional, el principio de la legalidad, la tutela procesal efectiva y la garantía del recto ejercicio de la defensa,» porque sin «la aplicación de estos principios no se puede llegar a la objetividad de los hechos, su debida calificación y valoración de los mismos y menos a la verdad o la justicia». Así, los obispos peruanos recuerdan que todos los ciudadanos del país «deben respetar el artículo 97 de la constitución que establece que cuando hay un asunto de interés público, el proceso de investigación que determine el Congreso debe garantizar el derecho a comparecer bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial».
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Una democracia sólida
Para la Iglesia «el instrumento de la justicia es el derecho y la ley es el instrumento del derecho, orden gradual y secuencial que debe respetarse porque la ley no es sustituto del derecho, ni el derecho sustituye a la justicia». Al respecto los obispos aseguran que estas situaciones conflictivas pueden resolverse actuando con sabiduría y rectitud, desprendidos de apetitos personales y grupales, si se tiene en cuenta que el principal interés debe ser el paìs.
Finalmente, ratifican desde su rol de pastores que confían «en una democracia sólida, con paz y justicia social « de acuerdo con los fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia que siempre quiere ser solidaria con la humanidad entera y su historia, por lo que reiteran su invitación «a un legítimo y auténtico discernimiento entre los altos poderes públicos y constitucionales para solucionar los acuciantes problemas que aún aquejan a nuestra sociedad».
Recordemos que por decisión del pleno del legislativo este 12 de septiembre, se inició la investigación que busca remover a los 7 magistrados que integran la Junta Nacional de Justicia. Determinación que ha sido recibida con preocupación por los organismos internacionales porque los magistrados que eventualmente serían removidos, están investigando a la actual fiscal de la nación Patricia Benavides.
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