La reciente tragedia en el cantón de Los Chiles, frontera norte de Costa Rica con Nicaragua, donde dos migrantes ecuatorianas, una mujer y su hija de 6 años, perdieron la vida al caer a un río el vehículo que las transportaba, profundiza la urgencia de abordar las complejidades que enfrentan los migrantes en tránsito hacia Norteamérica.
En este contexto, el Servicio Jesuita para Migrantes resalta la necesidad imperante de no trivializar la tragedia. Más bien, insta a la sociedad a reconocer que la realidad que subyace en este acontecimiento va más allá de lo que generalmente se percibe. «No podemos permitir que la tragedia ocurrida se convierta en un suceso noticioso pasajero», subraya ante la necesidad de hacer una reflexión más profunda sobre esta realidad.
La Dirección General de Migración informó que las personas migrantes involucradas en el accidente ingresaron a Costa Rica como parte del flujo controlado pero decidieron trasladarse de manera irregular en la zona, conocida por ser utilizada por traficantes de personas. Este camino en mal estado es empleado por un grupo localmente conocido como ‘Los talibanes’, dedicado al transporte ilegal de migrantes hacia la frontera con Nicaragua.
Los datos oficiales revelan que más de 500,000 migrantes ingresaron a Costa Rica desde la frontera con Panamá durante el año 2023, un incremento del 133% con respecto al año anterior. Esta cifra refleja la magnitud del flujo migratorio y advierte sobre la importancia de abordar no solo las consecuencias inmediatas de estos eventos, sino las causas que llevan a las personas a arriesgar sus vidas en busca de condiciones más favorables.
Responsabilidad estatal, civil y mediática
El Estado costarricense, según el Servicio Jesuita, tiene la responsabilidad ineludible de abordar y mitigar las vulnerabilidades que enfrentan los migrantes durante su travesía. La organización señala la importancia de «identificar y llevar a la justicia a los grupos criminales que amenazan a las familias que se desplazan». La violencia, la desinformación y el temor a ser detenidos fuerzan a los migrantes a tomar rutas peligrosas, enfrentarse a extorsiones y someterse a abusos financieros.
El llamado a la sociedad civil, organizaciones basadas en la fe y otras instancias es claro, exigir la protección de los derechos de los migrantes en tránsito. Además de apelar a la responsabilidad de frenar las operaciones de las organizaciones delictivas que actúan impunemente, «sacando provecho de las necesidades y angustias de la gente que está intentando avanzar hacia el norte del continente».
Igualmente, una crítica contundente se dirige hacia los medios de comunicación social en Costa Rica. El Servicio Jesuita para Migrantes señala una «enorme deuda» en términos de análisis profundos sobre la situación en los puntos de paso de los migrantes, el papel de las autoridades, las decisiones políticas gubernamentales y el impacto de las redes criminales. La falta de un “tratamiento periodístico serio” sobre estas cuestiones es denunciada como una omisión perjudicial para la ciudadanía.
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Interrogantes sobre la crisis migratoria
Las preguntas cruciales planteadas, como «¿A quiénes debemos perseguir y detener? ¿Las personas forzadas a huir deben soportar el peso total de la represión policial o militar en los países que transitan? ¿Están las organizaciones siendo lo suficientemente oportunas y valientes al denunciar las atrocidades cometidas contra los migrantes?», destacan la urgencia de una reflexión profunda y acciones concretas.
En medio de estas interrogantes, el Servicio Jesuita para Migrantes enfatiza un principio irrefutable: la pérdida de vidas en la ruta migratoria “jamás será una decisión libre”. En cambio, la responsabilidad estatal es urgente y justa, anticipar riesgos, señalar responsables y abogar por un enfoque de las crisis migratorias que “coloque los derechos humanos como prioridad, por encima de cualquier otro interés”.
La confrontación con una realidad dolorosa y el desafío colectivo para enfrentar el desamparo de quienes buscan una vida mejor es evidente. «La desesperación, la desinformación y el miedo a ser capturadas o interrogadas por agentes policiales obliga a miles de migrantes a tomar rutas riesgosas, someterse a extorsiones y cobros abusivos», enfatiza el Servicio Jesuita para Migrantes.
Con informaciones de la Agencia EFE y el Servicio Jesuita para Migrantes
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