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Organizaciones católicas denuncian atropellos a comunidades en áreas de Minera Panamá y piden brindar soluciones a esta problemática

Este miércoles 17 de julio, organizaciones y grupos católicos denunciaron serias violaciones a los derechos humanos que hoy sufren moradores de comunidades aledañas a Minera Panamá, hechos que suceden en las áreas de la mina de Cobre de Donoso (Colón) por agentes de seguridad de la filial de la trasnacional canadiense First Quatum.

Las declaraciones fueron ofrecidas a través de un comunicado por la Pastoral Social-Cáritas, Comisión de Justicia y Paz Panamá, Red Eclesial Ecológica Mesoamericana Panamá, Confederación Panameña de Religiosos, Coordinadora Nacional Pastoral Indígena, Red Iglesias y Minería Panamá, Centro Pastoral Red Vida, quienes en otras ocasiones también se han unido para denunciar estos atentados contra la población.

Denuncias sin respuestas

En el mensaje, las directivas de estas instituciones, lamentan que estos hechos se den, a pesar de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de noviembre de 2023, que declara inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado y la empresa extranjera además de ordenar el cierre de operaciones.

En la misiva, denuncian el desalojo de los terrenos donde habitan los pobladores, actos de discriminación, robo de herramientas, acoso, presiones, amenazas, golpes, insultos, quema de casas y hasta muertes de niños y adultos, debido a la contaminación de las aguas de los ríos y embalses.

Así como también, hacen ver su rechazo por la restricción notable del libre tránsito a los residentes de esas áreas, que vive hace más de 50 años en el área aledaña a la mina, con ello señalan se está afectando a nueve comunidades de la comarca Ngäbe, donde está presente esta central minera.

Respeto hacia la población

A este respecto, hacen varias peticiones, entre ellas: se realice una investigación exhaustiva de esta violación de derechos, se respete el derecho de los pobladores de transitar libremente por sus territorios, se inicie un desmantelamiento de la mina y se detenga el actuar de la «policía minera» contra las comunidades.

Así también piden se busquen “alternativas económicas, sociales, laborales, ecológicas, para la población del área y del país, siempre en armonía con el desarrollo integral de la Casa Común”.

Por su parte, expertos alertan sobre el peligro ambiental que representan hoy las más de 130 mil toneladas de cobre almacenadas en Minera Panamá, cuyos datos sobre la contaminación que representan no habían sido revelados por el Gobierno saliente, pero que ahora han ido saliendo a flote.

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Comunicado Primero la Vida 160724

 

 

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