A través de un comunicado, los obispos de la Región Patagonia expresaron su preocupación por el modo en que se realizó la audiencia pública convocada para debatir cambios en la Ley de Glaciares. Los prelados patagónicos cuestionaron el proceso impulsado por la Cámara de Diputados de la Nación. Según indicaron, el proceso no habría cumplido adecuadamente con lo exigido por distintos acuerdos e instancias legales que ya habían sido salteados por la Cámara de Senadores de la Nación.
Según indicaron, no se trata de hechos aislados, sino que forman parte de prácticas recurrentes en la región cada vez que se abordan temas ambientales relacionados con proyectos extractivos. Denunciaron impedimentos para acceder a los espacios de discusión, restricciones a la palabra de los participantes y cambios en las reglas del proceso deliberativo.
Prácticas reiteradas y presión social
Según los prelados, estas dinámicas no son nuevas y se han reiterado en distintos territorios patagónicos a lo largo del tiempo. Indicaron que, en comunidades pequeñas, se ejercen presiones económicas, laborales e incluso sociales que condicionan la participación ciudadana. Denunciaron la presencia de grupos organizados que obstaculizan el diálogo a través de prácticas intimidatorias.
Asimismo, el texto cuestiona los discursos que promueven las actividades extractivas como única opción de crecimiento, al tiempo que deslegitiman a quienes plantean dudas o cuestionamientos. En ese sentido, advirtieron sobre la tendencia a etiquetar a estos sectores como enemigos del desarrollo o actores con agendas ideológicas.
Defensa del agua y el futuro común
El pronunciamiento también advierte sobre discursos que instalan los proyectos extractivos como única alternativa viable, impidiendo ingresar al recinto a quienes expresan dudas y no permitiendo entrar en los debates. En ese sentido, lamentaron que estas voces sean descalificadas como contrarias al progreso o vinculadas a intereses ideológicos.
Los prelados concluyeron que la Patagonia no debe ser empujada a entregar su identidad y sus bienes comunes por respuestas inmediatas. Por ello, reclamaron un proceso de diálogo transparente y participativo que garantice la voz de las comunidades en las decisiones que afectan su porvenir.
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