En el marco del segundo Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI), que se desarrolla en New York del 4 al 8 de mayo, Caritas Internationalis dio a conocer su declaración de posición, lanzando un llamado urgente a los Estados a recuperar una gobernanza migratoria centrada en la persona y sus derechos. Según la organización, el foro es “una oportunidad crítica” para cerrar las brechas en la aplicación del Pacto Mundial sobre Migración.
Con presencia en 162 países, la confederación recordó que desde 1951 brinda acompañamiento a personas desplazadas a lo largo de todo el proceso migratorio. Sin embargo, señala que el progreso ha sido insuficiente y que incluso se registran retrocesos preocupantes. El documento denuncia una “regresión sistémica en los estándares de protección”, alimentada por políticas populistas y por medidas que anteponen la contención a los derechos humanos.
En esa misma línea, Caritas Internationalis advierte sobre el incremento de la externalización de fronteras y los retornos forzosos, prácticas que —según sostiene— “socavan la dignidad humana”. A la vez, sostiene que la movilidad humana debe ser entendida como una “realidad profundamente humana” que interpela directamente la responsabilidad ética de los Estados.
Llamado a políticas centradas en la persona
Ante este escenario, la declaración insta a los gobiernos a dejar atrás los enfoques centrados en la seguridad y avanzar hacia políticas que sitúen a la persona en el centro. “La humanidad, y no la securitización, debe ser el criterio principal de la gestión fronteriza”, subraya el texto, que además rechaza los discursos xenófobos y racistas que menosprecian la vida de los migrantes.
Caritas Internationalis también plantea la necesidad de intervenir en las raíces de la migración forzada, como los conflictos, la desigualdad y el cambio climático. En coherencia con Laudato Si’, señala que el deterioro social y ambiental responde a dinámicas interconectadas, e insta a impulsar un desarrollo integral que garantice que migrar sea una opción y no una necesidad.
En esa línea, la organización advierte que salvar vidas no puede convertirse en un delito. “Es inaceptable criminalizar a quienes prestan ayuda humanitaria”, apunta, al tiempo que recuerda las miles de muertes ocurridas en rutas migratorias desde 2014. En consecuencia, plantea la necesidad de establecer marcos legales con exenciones claras que resguarden la acción humanitaria.
Alternativas y derechos en el centro
Otro de los puntos clave que plantea el documento es la necesidad de ampliar las vías seguras y regulares de migración, mediante visados humanitarios, laborales y mecanismos de regularización. Caritas destaca experiencias como los corredores humanitarios en Europa, que muestran que es posible una gestión migratoria ordenada, digna y centrada en la persona.
De igual forma, la organización insta a poner fin a la detención arbitraria, en particular de niños y grupos vulnerables. Apuesta por alternativas comunitarias que —subraya— han demostrado ser “más humanas, rentables y respetuosas de los derechos”.
La declaración también destaca el acceso a servicios básicos como un aspecto central. La garantía de salud, educación y vivienda, sin distinción de estatus migratorio, es determinante para la integración social. Para ello, insiste en establecer una clara separación entre los servicios públicos y los controles migratorios.
Una apelación ética y pastoral
Caritas Internationalis rechaza las políticas de retorno forzado y la externalización de responsabilidades en materia de asilo. A la vez, sostiene que cualquier mecanismo debe regirse por el principio de no devolución y garantizar el debido proceso.
En su planteamiento, la declaración se apoya en el magisterio de Papa Francisco, quien ha subrayado que “acoger, proteger, promover e integrar” a los migrantes es un imperativo cristiano. En esa misma línea, Papa León XIV ha recordado recientemente que los migrantes “merecen ser respetados en su dignidad humana”, subrayando la urgencia de proteger a los más vulnerables.
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