La Red Clamor Chile, junto a más de 180 personas, organizaciones sociales, autoridades locales, académicos, representantes de la Iglesia y fundaciones vinculadas a derechos humanos y migración, enviaron una carta al director de BioBioChile manifestando su rechazo a la indicación legislativa que pretende obligar a centros de salud y establecimientos educacionales a reportar la situación migratoria de personas extranjeras que acudan a estos servicios básicos.
La iniciativa, actualmente debatida en Chile, tiene el propósito de que hospitales, consultorios y escuelas informen a las autoridades respecto de personas migrantes en situación irregular que soliciten atención médica o acceso a la educación, medida que ha generado preocupación en organizaciones humanitarias y eclesiales.
La carta fue encabezada por la secretaria ejecutiva de Red Clamor Chile, Hna. Gabriela Herrea; el obispo de San Marcos de Arica y referente de la Red Clamor Chile, Mons. Moisés Atisha; la directora de Fundación Soy Más, Bárbara Etcheberry; y el capellán del Servicio Jesuita a Migrantes, Pablo Walker, SJ.
“¿Estamos dispuestos a convertir lugares de cuidado en espacios de denuncia?”
En la misiva, los firmantes cuestionan el impacto humano y social de la propuesta: “¿Estamos dispuestos como sociedad a convertir los lugares donde se cuida la vida en lugares donde se denuncia a las personas?”.
La declaración advierte que en barrios y escuelas conviven numerosas personas migrantes sin antecedentes delictuales que han demostrado arraigo, voluntad de insertarse y trabajar, pero que muchas veces permanecen en situación irregular debido a crisis en sus países de origen o a dificultades en los procesos administrativos migratorios.
Los firmantes sostienen que promover una “cultura de la delación” en servicios esenciales vulneraría derechos fundamentales y podría generar temor en familias migrantes al momento de acceder a atención médica o educación: “Hacer que una madre sienta temor de vacunar a su hijo o mandarlo al colegio, o que un enfermo prefiera sufrir en soledad en vez de ir a un consultorio por miedo, puede llevar a nuestra sociedad a un profundo deterioro”.
Advierten vulneración de derechos fundamentales
La carta sostiene además que este tipo de medidas podría vulnerar la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y el Código Sanitario, tal como afirman, reconoció la propia ministra de Salud chilena.
El pronunciamiento enfatiza que el Estado tiene el deber de ordenar la política migratoria, pero subrayan que existe una diferencia entre regular y deshumanizar: “Usar el acceso a derechos básicos como mecanismo de control daña la cohesión social y contradice los principios que nos constituyen como país”.
Asimismo, recalcan que la dignidad humana “no puede estar condicionada a un documento vigente” y llaman a proteger especialmente los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes.
La carta concluye con un llamado a las autoridades chilenas a reconsiderar estas medidas y avanzar en políticas migratorias que permitan mantener el orden institucional sin sacrificar la dignidad humana ni los derechos fundamentales de las personas migrantes.
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