El Programa Universitario Amazónico (PUAM) ha presentado un análisis de la situación actual de Ecuador por cuenta del terrorismo que prentenden imponer las mafias de narcotraficantes.
Al respecto, han señalado que el presidente Daniel Noboa, con el decreto 111, que declara terroristas a 22 grupos de delincuencia organizada tan sólo es consecuencia de “años de falta de atención a los problemas estructurales del país”, responsabilidad, en este caso, compartida por Guillermo Lasso, Lenin Moreno y Rafael Correa.
Han mencionado tres factores que han servido de caldo de cultivo a esta grave crisis nunca antes vista en la historia contemporánea del país: abandono estatal, impunidad y desigualdad.
País más violento de América Latina
Sobre la impunidad han mencionado que Ecuador cerró 2023 con 7.878 crímenes de los cuales solo 584 fueron resueltos, por ende, son números que dejan al país en el undécimo con mayor tasa de criminalidad en la región.
Además con un índice de 40 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, dejándolo como el país más violento de América Latina. Es un fenómeno de vieja data y que se ha venido incrementando en estos años.
Esta espiral de violencia, antes concentrada en Guayaquil, suroeste del país, se ha extendido a otras ciudades como Durán, Manta, Quevedo y Quito. No sorprende el sicariato ni atentados con bombas, puesto que se hizo una práctica común entre los grupos criminales.
Causas estructurales
Abandono estatal y desigualdad son dos factores interrelacionados, especialmente en zonas rurales de la costa ecuatoriana. Esto ha creado las condiciones propicias para que grupos delictivos – hoy terroristas – se fortalezcan mediante el reclutamiento de menores.
Por ejemplo, Esmeraldas, costa pacífica de Ecuador y región con alta población afro, es una de las provincias más golpeadas por la pobreza. La falta de oportunidades y educación de baja calidad han llevado a una parte de sus habitantes a caer en las garras del crimen.
Frente a esto el Estado ha mirado a un lado, incidido por los altos grados de corrupción, lo que ha permitido “un amplio abanico de actividades ilícitas en todo el territorio”.
Algunas preocupaciones
Asimismo desde la PUAM han expresado su preocupación frente al decreto presidencial tras la declaratoria de “conflicto armado interno”, lo que puede generar “una diversidad de situaciones de abuso de autoridad y violencias”.
Sugieren que debe prevalecer “un irrestricto respecto a la ley, como garantía de los derechos humanos” sobre todo con los grupos más vulnerables como la población migrante en las zonas fronterizas, incluídas las fronteras amazónicas.
Por eso “fieles a nuestra vocación institucional y eclesial para la construcción de paz, la promoción de la justicia y exigibilidad de los Derechos Humanos, nos encontramos atentos para reconocer cualquier situación de riesgo que afecte a la población amazónica como también a toda la población ecuatoriana”.
“Reiteramos nuestro compromiso por fortalecer el tejido social y las capacidades de la población más vulnerable, así como con el llamado a empoderar a los pueblos para que sean sujetos de su historia”, señalaron.
En definitiva, la justicia y la paz “son el único camino cierto hacia la estabilidad social y hacia la reconstrucción del tejido social con perspectiva de largo plazo y con miras a construir otro tipo de sociedad en medio de estas realidades cada vez más fracturadas”.
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