La Pastoral Social Cáritas de Cochabamba, departamento ubicado en el centro de Bolivia, se declaró en estado de emergencia debido al incumplimiento en el pago de las becas alimenticias por parte del gobierno departamental, situación que ha obligado a suspender temporalmente el ingreso de nuevos niños, niñas y adolescentes en los centros de acogida administrados por la Iglesia Católica.
Cochabamba es una región estratégica del país andino, con una población urbana y rural diversa, donde la Iglesia sostiene una importante red de atención social. En este contexto, la medida afecta a los 12 centros de acogida dependientes del Arzobispado de Cochabamba, que actualmente brindan atención integral a alrededor de 270 menores de entre 4 y 18 años, en situación de vulnerabilidad. De estos, nueve centros confirmaron que no recibirán nuevos ingresos hasta que se regularicen los convenios y los pagos pendientes.
“Se ha tomado la decisión de ya no recibir niños de nuevos ingresos en ninguno de nuestros centros en Cochabamba. Esta decisión fue consensuada con todos los directores, mientras la Gobernación no regularice los pagos”, informó Marlen Vida Flores, responsable de la Comisión de Promoción de la Pastoral Social Cáritas Cochabamba.
Recursos insuficientes para una atención integral
Desde Cáritas y los centros de acogida se denunció además que el Servicio Departamental de Políticas Sociales (Sedepos) asigna únicamente 12 bolivianos diarios por beneficiario (menos de dos dólares estadounidenses), un monto que apenas alcanza para cubrir la alimentación básica y no contempla otras necesidades esenciales como salud, educación, vestimenta o medicamentos.
Las instituciones explicaron que, en muchos casos, deben asumir con recursos propios los costos de atención de menores con problemas de salud mental u otras condiciones especiales, lo que agrava seriamente su situación financiera.
Pedido urgente a las autoridades
Ante este escenario, la representante de los centros de acogida de la Iglesia Católica en Cochabamba, hermana Bruna Pierobon, dirigió un llamado directo al gobernador del departamento, Humberto Sánchez, solicitando una respuesta inmediata frente a la crisis.
“Querido gobernador don Humberto, amigo de nuestro centro que conoce el trabajo que hacemos, le pido que los funcionarios no se queden en la letra, que piensen que a través de cada palabra hay personas vulnerables”, expresó la religiosa.
La Hna. Pierobon alertó además sobre la difícil situación económica y administrativa que atraviesan estas instituciones tras la aplicación de la Ley Departamental 1006 y otros decretos, que, según manifestó, “afectan directamente la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”.
Normativa y altos costos para los hogares de acogida
La religiosa explicó que esta normativa, promulgada en 2021 y aplicada de manera operativa desde 2024, impone requisitos cuyo cumplimiento representa costos elevados para hogares que dependen mayormente de la solidaridad y de donaciones para sostener su labor.
Como ejemplo, mencionó el caso del Centro de Acogida Wacinchej, ubicado en el municipio de Sacaba, en el área metropolitana de Cochabamba, donde aún no se ha completado el pago de 2.500 bolivianos exigidos para obtener la Resolución Administrativa necesaria para la firma de convenios con la Gobernación.
“Estamos en emergencia. No se trata solo de normas y trámites, sino de la vida cotidiana de los niños y jóvenes que están bajo nuestro cuidado”, dijo la Hna. Pierobon, reiterando la urgencia de soluciones que permitan garantizar la continuidad de la atención a menores en situación de alta vulnerabilidad.
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