ADN Celam

Durante el III Encuentro Presencial de la Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande, la delegación chilena, representada por Carmen Donoso y Clara Fuentes Zamorano, presentó un informe detallado sobre la situación política, social y medioambiental del país, además de los desafíos que enfrenta en el contexto de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará en 2025 en Belém, Brasil.

Contexto político y social en Chile

En su presentación, la delegación señaló que el país se encuentra en la fase final del gobierno del presidente Gabriel Boric, en medio de un ambiente político polarizado por la campaña presidencial con ocho candidatos, de los cuales solo dos son mujeres.

Entre los principales avances de este periodo, se mencionaron reformas significativas en distintas áreas. En el ámbito laboral, se resaltó la Ley de 40 horas semanales, la Reforma Previsional, la mejora del Seguro de Cesantía, la Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, conocida como “Ley Karin”, y el aumento del sueldo mínimo, que pasó de 350.000 a 510.000 pesos chilenos.

En salud, se implementó “Copago Cero”, que garantiza atención gratuita a los afiliados de Fonasa, y se aprobó la Ley TEA, junto con la inclusión de nuevas patologías en el sistema de Garantías Explícitas de Salud (GES). A nivel social, se destacó la Ley de Responsabilidad Parental y el programa Chile Cuida, que apoya a cuidadores de adultos mayores y personas enfermas.

Sin embargo, la delegación remarcó que, a 52 años del golpe de Estado cívico-militar, aún persisten deudas en materia de justicia y reparación para las víctimas, así como casos pendientes relacionados con el estallido social de 2018.

Trabajo de la Comisión Justicia y Paz

En el ámbito eclesial, se informó sobre cambios recientes en la estructura de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh), incluyendo el relevo del obispo secretario general y del asesor de la comisión. Se conformó una directiva provisional con un mandato de seis meses, cuyo objetivo es renovar a los integrantes de la Comisión Justicia y Paz y ejecutar el plan de trabajo 2025.

Este plan contempla dos ejes: la revisión de la estructura de funcionamiento interno y la atención a los desafíos sociales, especialmente aquellos relacionados con la construcción de una sociedad justa y fraterna.

Entre las prioridades, la delegación chilena subrayó la defensa de la democracia en el contexto electoral, el abordaje de problemáticas emergentes como la violencia asociada al narcotráfico y la migración irregular, la baja tasa de natalidad y la necesidad de reflexionar sobre sus causas. Además, plantearon la necesidad de abordar el impacto de la inteligencia artificial (IA) desde una perspectiva pastoral.

Hacia la COP30

En materia ambiental, Chile presentó su primera actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) bajo la Ley Marco de Cambio Climático, con miras a la COP30. Este plan establece una hoja de ruta a 10 años para alcanzar un desarrollo carbono neutral, resiliente y sostenible, impulsado mediante la colaboración público-privada, gobiernos regionales y municipios.

El documento fija metas, como lograr que el 80% de la generación eléctrica sea renovable para 2030, desarrollar infraestructura resiliente y establecer planes de acción climática regional y comunal en todas las regiones y comunas del país para 2026.

Un aspecto innovador de esta actualización es la incorporación, por primera vez, de los conocimientos y prácticas de pueblos originarios y comunidades locales en la acción climática nacional. También se enfatiza la necesidad de proteger a las comunidades más afectadas por el deterioro ambiental mediante la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa, que promueve un modelo económico sostenible y justo.

Ejes estratégicos y desafíos futuros

La delegación detalló que la política climática chilena se articula en cuatro ejes estratégicos: Oportunidades para el trabajo relacionadas con la transición energética; restauración y protección de ecosistemas; bienestar social e igualdad de género; e innovación y tecnología para el desarrollo sostenible.

También se dijo que esta estrategia tiene el propósito de movilizar recursos financieros públicos y privados, acelerar inversiones sostenibles y fortalecer la colaboración entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado, consolidando una política de Estado que trascienda a los gobiernos y que permita a Chile enfrentar con firmeza los desafíos del cambio climático y la justicia social.