América Latina y el Caribe, por décadas se ha caracterizado por sus profundas desigualdades y problemas estructurales, donde no todas las personas gozan de manera plena y efectiva de sus derechos fundamentales, menos aún quienes trabajan en defensa de un mejor futuro de las comunidades, hecho que evidencia una democracia quebrantada.
En este sentido y como un faro de esperanza y resistencia, abordando incansablemente la misión de proteger la vida en plenitud y salvaguardar la naturaleza de las personas, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Remam) y el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam), desarrollaron en el marco de la COP16, que se realiza en la ciudad de Cali, en Colombia, el conversatorio: «Criminalización de defensores de la Casa Común”.
Un espacio donde un grupo de líderes, venidos desde México, Guatemala, El Salvador y Honduras compartieron su experiencia y evidenciaron la difícil realidad que hermanos defensores de los derechos humanos y cuidadores de la Casa Común padecen a diario. Muchos de estos líderes han padecido la persecución, denuncias y encarcelamientos de falsas acusaciones y en el peor de los casos les ha costado la vida.
“Se criminaliza la defensa de los territorios”
Juan Guillermo Palma Aguirre, director de la organización civil servicios integrales EMURI y miembro de la Comisión Pastoral Indígena de la diócesis de Tarahumara, inició su intervención exponiendo el por qué hoy en día se ha ido trasformando el sistema de adquirir la acumulación de capital en empresas y personas, logrando con ello que el patrimonio económico de solo un grupo de personas o instituciones se incremente a gran escala y los pobres sigan siendo cada vez más pobres.
Evidenció que el modelo económico de hace 20 o 30 años ya no estaba creciendo y la única forma de seguir acumulando capital por parte de algunos sectores es a través de la extracción de minerales, de petróleo, de gas, volviendo de ello, más que una transformación un negocio para unos pocos, sin importar las consecuencias.
“Ahora han creado la figura de sumideros de carbono, de bonos de carbono, como si la naturaleza fuera una gran cloaca donde toda la contaminación, la emisión de CO2 se absorbe por esos bosques y selvas”. En este sentido, hizo notar que los costos asociados a esa rentabilidad lo están pagando los pueblos, las comunidades y los grupos de personas que están alzando su voz.
El directivo explicó que alrededor del derecho a decir no a la extracción, a la destrucción de la naturaleza y a los megaproyectos, se ha creado toda una ingeniería de ese conflicto que está enmarcado en leyes, pero también en predicciones económicas, e intereses particulares de algunos sectores.
Conflicto que ha señalado, ha llevado a “criminalizar la defensa de los territorios”, es decir hacer un prejuicio de valor sobre esa acción, convirtiéndose en una parte de la estrategia de las empresas y de algunos gobiernos. Estos intereses de algunos sectores -agregó- “han logrado con ello criminalizar a los defensores, estigmatizarlos e incluso desaparecerlos, es parte del costo que está calculado en inversión de esta nueva etapa de capitalismo”.
La corrupción, plato del día
Gloria González, es una líder guatemalteca, se refirió al tema de la biosfera maya, que según explicó está conformada por tres grandes bloques: la zona de amortiguamiento, la zona de usos múltiples y la zona núcleo. Al referirse a este último, dijo que opera una empresa petrolera donde surge todo un conflicto por cuenta del desalojo y despojo de tierras que están haciendo a las comunidades campesinas.
Desde allí indicó, es que surge el gran interrogante de los habitantes ¿Por qué las empresas sí y nosotros no?, a lo cual ha dicho que las personas alzan su voz por estar en contra de eso, pero con ello también surge la criminalización hacia los defensores de los territorios. Observó que estas denuncias por parte de algunos líderes, les ha costado amenazas y en el peor de los casos la vida a muchos de ellos.
Al exponer dos casos puntales de criminalización contra líderes, acusados injustamente por defender los territorios u oponerse para que se reabriera una mina, dijo que estas experiencias, como muchas otras han sido un tema de corrupción al interior de los gobiernos y del sistema de judicial que actúa de manera inoperante y defendiendo unos intereses particulares. Agregó que guarda la esperanza de que las cosas cambien con Bernardo Arévalo, quien asumió en el mes de enero la presidencia de la República en este país.
Finalmente, compartió el caso de agentes de la pastoral de la tierra que actualmente están siendo criminalizados, tenido que bajar el perfil y esconderse para que nos les pase nada a ellos ni a sus familias. Todas estas amenazas, indicó, las realizan excusándose en que las personas no desean el desarrollo de la región, generando con ello miedo y desvirtuando las luchas por el cuidado de la Casa Común.
Podría volver la minería en El Salvador
Guillermo Navarro, quien forma parte del equipo coordinador de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Remam), compartió que El Salvador se ubica entre Honduras y Guatemala y es el país más pequeñito de Mesoamérica y uno de los más pequeños de toda América, con una extensión de 21.040 km2 y cuenta con 590 ríos. Además, observó que, en el 2017, gracias a la intervención de la Iglesia católica y en coordinación con diferentes expresiones organizativas no católicas, se había logrado prohibir la minería en todos sus aspectos y contenidos, convirtiéndose en el primer país en lograr esto.
“Pero dada nuestra condición de agua dependiente, esta gran victoria se vuelve relativa porque lamentablemente en los países de Honduras y Guatemala tenemos gobiernos que son pro-minero”. Así es como indicó que El Salvador hace unos cuatro años cambió radicalmente su espectro político y cada vez más se encamina a una dictadura que se está fortaleciendo.
Asimismo, el salvadoreño dijo que actualmente se está con un presidente que concentra su poder buscando mecanismos de ley que permita volver de nuevo a la explotación minera, hecho que dijo sería nefasto para el país. Esto expuso, ha logrado que con ello muchas voces de organizaciones comunitarias se alcen para alertar sobre este regreso de la minería, pero con el agravante de que también al igual que otros países de América Latina se quiere criminalizar a todas las expresiones sociales, eclesiales y no eclesiales que defienden la Casa Común
El también miembro de Cáritas en El Salvador, denunció el caso de líderes que están siendo criminalizados y asesinados por parte de sicarios o narcotraficantes que son pagos por organizaciones que no quieren ser involucradas directamente por lo que contratan a este tipo de personas.
Expuso que, bajo un régimen de estado de excepción en este país, que ya lleva dos años en teoría para las estructuras criminales, se ha convertido este en un instrumento que se utiliza para infundir miedo a todas las organizaciones que tienen un enfoque crítico hacia el gobierno. Allí, indicó, se ha ido infundiendo miedo a organizaciones católicas y organizaciones comunitarias que han realizado llamados de atención al Estado sobre el deterioro de la crisis ambiental.
Como Remam han expresado su preocupación a este contexto que dice emana de un modelo y sistema económico que utiliza el poder para enseñarse con toda aquella persona que defienda el medio ambiente. Igualmente, rechazan enfáticamente estas amenazas, se une a todos los líderes ambientales amenazados y que han tenido que salir de sus territorios en un marco de impunidad que vive ahora este país.
“Quien criminaliza a los líderes es el Estado”
Finalmente, concluyó este diálogo de reflexión Noel López Ortiz, sacerdote hondureño y secretario ejecutivo de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM), quien afirmó que quien criminaliza directamente a los líderes es el Estado, la empresa local, coludida con la empresa transnacional, quienes aseguró, se unen para estigmatizar y denunciar ante los tribunales todas aquellas personas que vayan en contra de sus intereses, algunos de ellos se encuentran con medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Es un asunto que dijo le preocupa mucho, pues si “el Estado es el garante para poder proteger a las personas que trabajan en defensa de las comunidades, ¿Cómo puede al mismo tiempo quien criminalice a los defensores y líderes sociales?”. El Estado escucha las denuncias y criminaliza a los defensores y los defensores se tienen que presentar ante los tribunales”.
Por otra parte, aseguró que es algo paradójico, ver que si bien no hay ninguna garantía que blinde la seguridad de los líderes, si hay una situación en la que los funcionarios públicos reciben medidas de protección con carros blindados o son ellos quienes se llevan las medidas de protección.
“Entonces es necesario saber que el sistema en el que estamos, es el que permite esta estructura, este tejido social de criminalidad dentro de nuestros territorios”, concluyó.
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