En una declaración reciente, la Conferencia Episcopal de Costa Rica expresó su firme posición respecto al Proyecto de Ley 20.970, que propone modificaciones a la Ley General de Salud N° 5395 de 30 de octubre de 1973 que ha generado un profundo debate en la sociedad costarricense.
El proyecto de ley busca la implementación de medidas que prohíban el empleo de terapias aversivas con el objetivo de cambiar, revertir o suprimir las características sexuales, expresión de género, identidad de género u orientación sexual de individuos. Esta prohibición se restringe únicamente a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.
La Conferencia Episcopal resalta su compromiso con el respeto a la dignidad intrínseca de toda persona, sin importar su orientación sexual o identidad de género, citando el catecismo de la Iglesia Católica que «deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación» (N°2358).
Defensa de la familia
Una de las preocupaciones centrales expresadas por el Episcopado es la falta de diferenciación entre personas menores y mayores de edad en el proyecto de ley. Según los obispos, esta omisión no “asegura el respeto que el Estado costarricense debe a los derechos y deberes de los padres y madres con respecto a sus hijos” y contraviene la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
La Convención, ratificada por Costa Rica mediante la Ley N° 7184, enfatiza la protección y asistencia necesarias a la familia y la define como el “grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños”.
Además, la Conferencia Episcopal critica las sanciones propuestas para quienes no estén de acuerdo con los servicios de ‘tipo afirmativo del género y sexualidad’, subrayando que «se viola la libertad de pensamiento, de expresión y de religión, no permitiendo, en este sentido, la objeción de conciencia de los seres humanos, violando así los derechos de los profesionales en esta materia».
Derechos individuales en debate
El comunicado también aborda la preocupación por los derechos de aquellos que, por elección propia, no se sienten conformes con su condición y buscan ayuda para cambiar, mencionando que «también se violan los derechos de aquellas personas que, libremente, no se sienten conformes con su condición y quieren buscar ayuda para cambiar».
El mensaje concluye con un llamado a la acción por parte de la Conferencia Episcopal, afirmando que «la Iglesia no puede dejar de defender lo arriba descrito, por el bien de la sociedad costarricense, respetuosamente solicitamos a las señoras y señores diputados que voten en contra del proyecto de ley 20.970 tantas veces citado».
En medio de un intenso debate en la sociedad costarricense, la postura de la Conferencia Episcopal de Costa Rica sostiene que buscan resguardar los valores que consideran esenciales para el bienestar de la sociedad. Mientras se llega a una decisión, el Proyecto de Ley 20.970 seguirá siendo tema de deliberación en los ámbitos políticos y sociales del país.
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