En el marco de la Campaña La Vida Pende de un Hilo, organizaciones y redes de la sociedad civil y organizaciones basadas en la fe de América Latina y el Caribe alzaron su voz ante los continuos desalojos forzados ocurridos en El Seibo, República Dominicana, y las vulneraciones de derechos que afectan a comunidades históricamente asentadas en estos territorios. La denuncia se inscribe en el acompañamiento permanente a los Peregrinos de El Seibo, un proceso de defensa de derechos respaldado durante años por la Iglesia católica.
El pasado 13 de enero, la familia Mota Marte fue desalojada de la vivienda que habitó durante 35 años, ubicada en la calle Randolfo Bobadilla. El hecho provocó conmoción e indignación en la comunidad local, que denunció la injusticia del procedimiento, presuntamente ordenado por la empresa Central Romana Corporation, una de las principales productoras de azúcar del país. Este caso refleja una problemática estructural que se repite en la región.
Acompañar no es delito
Durante el desalojo, el sacerdote dominico Miguel Ángel Gullón fue detenido de manera arbitraria por agentes de la Policía Nacional mientras acompañaba espiritual y moralmente a la familia afectada. Aunque posteriormente recuperó su libertad, las organizaciones advierten sobre la preocupante criminalización del acompañamiento pastoral y comunicacional a comunidades empobrecidas que defienden su derecho a la tierra y la vivienda.
El pronunciamiento subraya que los desalojos forzados implican desarraigo, pérdida de lo construido durante décadas y una profunda inseguridad social. Estas prácticas constituyen graves violaciones a los derechos humanos, tal como lo han señalado instancias internacionales, al afectar de manera integral los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas y comunidades.
Derecho a la tierra y a un hábitat digno
Las organizaciones articuladas en la Campaña La Vida Pende de un Hilo se suman al clamor de los Peregrinos de El Seibo y exhortan al Estado dominicano a garantizar el acceso, la defensa y la protección de la tierra como un derecho humano fundamental. Por lo que reiteran que, toda familia tiene derecho a un hábitat saludable y seguro, con especial atención a quienes viven en condiciones de pobreza y riesgo.
Finalmente, hacen ver que el caso de la familia Mota Marte se suma a más de 600 familias afectadas por desalojos en El Seibo en años recientes, y llaman a cesar la represión y la criminalización, colocando en el centro la dignidad y los derechos de las comunidades.
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