El cardenal Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango, ha sido enfático ante la situación en Guatemala por cuenta de los ataques de la Fiscalía (y otros poderes de manera indirecta) contra el Tribunal Supremo Electoral “con miras a deslegitimarlo y que pierda credibilidad”. Así ha suscrito en un comunicado a la opinión pública.
El purpurado expresó su inconformidad ante el silencio de Alejandro Giammattei Falla, presidente de la República, a quien pide “pronunciarse de manera responsable” a los guatemaltecos frente a estos acontecimientos, que en las últimas horas han generado protestas y bloqueos en todo el país.
También advirtió que la Corte de Constitucionalidad “contradice el Estado de Derecho Constitucional” al otorgar “derechos fundamentales y garantías para violentar la supremacía constitucional en Guatemala”.
Respetar el orden constitucional
El cardenal Ramazzini considera que “vivimos momentos de gran confusión en diferentes niveles”, por eso “como buscadores del bien común, anhelamos encontrar una solución a este desorden constitucional que ha venido fraguándose en la búsqueda del poder, el incremento del narcotráfico, el crimen organizado, el afianzamiento de la corrupción, la indolencia ciudadana y, finalmente, en un golpe de Estado”.
“Partícipe de los gozos y las esperanzas, luces y sombras de un pueblo que habla y clama porque su voz sea escuchada, el obispo, presbíteros, diáconos, hermanos y hermanas de la vida consagrada y agentes de pastoral de la Diócesis de Huehuetenango compartimos el sufrimiento, las penas, angustias, dolores y agobios de muchos que sufren y alzan su voz porque Guatemala, sea una nación próspera”, ha dicho.
El llamado del prelado de Huehuetenango es “a reestablecer y garantizar el Orden democrático y constitucional del País, de respetar la decisión popular en el proceso electoral 2023 (agosto), garantizando el bien común como principio fundamental de un proceso democrático, ante una población libre, soberana e independiente”.
Mesa de diálogo
Ramazzini ha pedido al Presidente “remueva de su cargo, o en su caso pida la renuncia, a la Fiscal General Consuelo Porras y el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana. Decisión que favorecerá al bien común en la República de Guatemala”.
También ha pedido al Congreso de la República “a abrazar la dignidad de ser guatemalteco justo, honesto y transparente; y en miras a la visión y misión de su ser y quehacer como diputados se pronuncien en favor del pueblo y renuncien a intereses mezquinos”.
Hizo un llamado a las diferentes instancias y sectores sociales que “se han pronunciado frente a los atropellos que sufre el país” a mantener “la firmeza de llevar adelante las manifestaciones de manera pública y pacífica evitando a toda costa convertir la lucha en algo violento y a no polarizar un enfrentamiento entre civiles y Estado”.
Por ahora, sugirió abrir una mesa de diálogo para lograr el restablecimiento del país con la presencia de líderes indígenas, ladinos y la Presidencia de la República, siendo un ente mediador la Conferencia Episcopal de Guatemala, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.
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