El Observatorio para la Democracia de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) emitió un pronunciamiento “rechazando la detención y desaparición forzada de Carlos Correa”, defensor de derechos humanos, quien fue interceptado el pasado 7 de enero en el centro de Caracas.
“Fue interceptado por personas encapuchadas, presuntamente miembros de organismos de seguridad, y forzado a abordar un vehículo con rumbo desconocido. Desde entonces, sus familiares, amigos y compañeros defensores de derechos humanos, desconocen su paradero”, señala el pronunciamiento.
El caso de Carlos Correa evidencia una creciente crisis de derechos humanos en Venezuela. Su desaparición representa un ataque directo a quienes defienden los valores de la democracia, la libertad y la justicia en Venezuela.
Carlos Correa, activista de la sociedad civil venezolana
Carlos Correa es una figura ampliamente respetada en el ámbito de los derechos humanos en Venezuela. Durante décadas, ha liderado organizaciones como la ONG Espacio Público, y colaborado con instituciones como PROVEA y el Colegio Nacional de Periodistas.
Es promotor de la libertad de expresión y la protección de los derechos de los comunicadores sociales. Su trabajo, reconocido tanto en el ámbito nacional como internacional, ha estado marcado por un compromiso inquebrantable con la justicia, la democracia y el respeto a la Constitución venezolana.
La desaparición de Correa, ocurrida tras ser interceptada por individuos encapuchados, presuntamente vinculados a organismos de seguridad, se suma a un alarmante patrón de detenciones y desapariciones forzadas que afecta a activistas, periodistas y ciudadanos que exigen pacíficamente el respeto a sus derechos en Venezuela.
Exigencias del Observatorio
En su pronunciamiento, el Observatorio para la Democracia exige: Información inmediata sobre su paradero, las autoridades venezolanas deben notificar a sus familiares y abogados sobre su ubicación; garantías de derechos, se debe garantizar su integridad física y psicológica, y asegurar el respeto de sus derechos fundamentales.
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