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Episcopado chileno se pronunció sobre la corrupción en el Estado: Se vulnera la justicia social y afecta el sistema democrático

En el día de hoy y mediante 7 puntos, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile —conformado por su Presidente Mons. René Rebolledo Salinas, Arzobispo de La Serena; Vicepresidente Mons. Ignacio Ducasse Medina, Arzobispo de Antofagasta; Mons. Juan Ignacio González Errázuriz, Obispo de San Bernardo; Mons. Fernando Chomali Garib, Arzobispo de Santiago; y Mons. Sergio Pérez de Arce Arriagada, ss.cc. Arzobispo de Concepción Secretario General— se expresó a través de una declaración con este título: “Ante el mal extendido de la corrupción”.

“Los hechos de corrupción, tráfico de influencias, fraudes, mal uso de información privilegiada, malversación de fondos públicos y delitos económicos que se vienen conociendo en los últimos años, son motivo de honda preocupación para la inmensa mayoría del país. En ellos están involucradas personas de distintos ámbitos, pero resultan especialmente graves cuando se refieren a autoridades públicas y a organismos del Estado, que por su naturaleza están al servicio del bien común, especialmente de las personas vulnerables. Los pobres son los grandes perjudicados con estas conductas y ello debe ser motivo de una fuerte condena social”, indican los obispos dando contexto.

Señalando “una crisis ética de proporciones”, hacen hincapié en que “son motivo de un aumento cada vez más significativo de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones esenciales del país y en un desprestigio de la vida política, social y económica” y que es de “especial gravedad es que la corrupción afecte aquel poder del Estado, llamado a dirimir las controversias, como es el caso del ámbito judicial”.

En su análisis, los obispos detectan cómo se ve corroído el sistema democrático en Chile, a la vez que visualizan el deterioro “de orden moral, es decir de conductas no solo posiblemente delictivas, sino éticamente reprochables, en las que el uso de la autoridad se convierte en abuso de poder y que genera una escalada de realidades que afectan a todos los ciudadanos”.

“Es necesario adoptar políticas que conduzcan a poner en el centro de nuestros comportamientos la honradez, el respeto a los bienes ajenos, no sólo los materiales necesarios para una vida digna, sino también otros intangibles pero reales, especialmente los espirituales; que necesitamos para el bienestar al que todos tenemos derecho” afirman confiando en el regreso a las mayores virtudes que puede desplegar el ser humano en su rol de gobierno.

 

PDF Declaración CP CECh Ante el mal extendido de la corrupcion

 

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