Este jueves 9 de enero, la Conferencia Episcopal de República Dominicana (CED), expresó “su rotundo desacuerdo” frente a los recientes actos de agresión contra personas que protestaban contra la instalación de una presa de cola de la minera Barrick Gold en la comunidad Arroyo Vuelta, distrito municipal de Zambrana, ubicado en la provincia de Sánchez Ramírez, municipio de Cotuí.
De acuerdo a versiones, el incidente ocurrió mientras los lugareños intentaron impedir que equipos pesados de la empresa minera ingresaran a la localidad rural. Así también se señaló que, la comunidad estaba pidiendo sean escuchadas sus inquietudes sobre el proyecto minero.
Rechazo rotundo ante la violencia
Mediante un comunicado, los obispos expresaron su rechazo por el uso desproporcionado de la fuerza, la violación de los derechos humanos e irrespeto a la dignidad de las personas. Resaltando que estos actos dejaron lesionados a dos sacerdotes y varios miembros de las comunidades.
“Estos actos son inaceptables en un estado de derecho que debe garantizar la justicia, la paz y el respeto a los ciudadanos, especialmente a los más pobres y desprotegidos. ¡Es urgente decir no a la estrategia del miedo!”, expusieron.
Defensa de la vida y responsabilidad social
Por otra parte, recuerdan que en la misión de la Iglesia está defender la vida y los derechos de toda persona, repudiando cualquier acto violento y recordando que “es inadmisible que el afán de lucro prime sobre la vida y la tranquilidad de las familias afectadas en la zona (…) Recordamos que la explotación de los recursos naturales debe realizarse con responsabilidad social, ambiental y ética”.
Frente a estos hechos, expresaron su solidaridad a las personas que se vieron afectadas, cercanía extendida a monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, obispo de La Vega y presidente de la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente, quien siempre ha mantenido un incansable trabajo en defensa de los derechos de las comunidades.
Llamado al diálogo y a la justicia
En su mensaje, también hicieron un llamado a las autoridades nacionales para que se abra un diálogo y se respete el debido marco jurídico ya establecido. La Iglesia dominicana ofreció sus buenos oficios para que se busque una solución justa a esta situación. Igualmente, exhortaron para que estos hechos sean investigados, se sancione a los responsables y las víctimas sean reparadas por los daños causados.
Finalmente, pidieron a la comunidad nacional para que se unan en solidaridad con los afectados, manifestando su rechazo de forma pacífica a estas prácticas. Y agregaron “pedimos a todos los fieles que se unan en oración para que reine la justicia y la paz en nuestra patria”.
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