«Para que un pronunciamiento sea considerado una opinión de la Iglesia debe haber obtenido previamente el consenso de todos los Obispos o del Consejo permanente y no ha sido así en este caso», fue la declaración que hizo la presidencia del episcopado peruano tras divulgarse en diferentes medios de comunicación una serie de opiniones provenientes de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).
Cultura y legalidad
El comunicado explica que la presidencia de la Conferencia Episcopal «toma distancia de las publicaciones según las cuales los obispos afirman que ya no pueden llamar al Perú un país democrático», apreciación que no comparten y tampoco refleja el pensamiento de los pastores del país andino. Igualmente expresan su rechazo frente a lo que consideran un «uso desfasado y anacrónico de fotografías que muestran personalidades que representan a la Iglesia».
Ante la situación, la Conferencia Episcopal peruana se mantiene en lo expresado en los comunicados del 25 de enero y el 26 de junio de este año. Textos en los que manifiestan el anhelo de un «Perú que viva en plena democracia y respeto por la dignidad humana en todos los niveles, donde juntos fortalezcamos y promovamos una cultura de la legalidad, la solidaridad social y el bien común, donde construyamos un Perú en fraternidad y con esperanza».
En el pasado mes de junio, los obispos invitaron a reflexionar sobre la importancia de garantizar la legalidad, el bien común y la solidaridad; como pilares fundamentales para alcanzar la paz y la justicia en el país. Su objetivo no es proponer soluciones técnicas a los problemas de legalidad que viven; sino aportar para que se retome un camino de civilidad que ayude a mejorar la convivencia en el territorio nacional.
Tarea de todos
Al recordar que la legalidad representa el respeto por el estado de derecho y la práctica de las leyes como una condición para vivir en libertad, justicia y paz; los representantes de la Iglesia peruana abogaron por la existencia de leyes coherentes con la rectitud moral de las personas, es decir, que estén fundamentadas en la dignidad humana.
«El respeto a la legalidad no es un simple acto formal, sino un gesto personal que encuentra en el ordenamiento moral su alma y su justificación», afirmaron. En este sentido recuerdan que temas como la promoción y la defensa de la justicia, son tareas de todo ciudadano y no se pueden delegar únicamente a ciertas «personas responsables de funciones específicas en las instituciones del estado». De la misma forma, la Iglesia aspira a que en las diferentes regiones del Perú, se logre una “decidida recuperación de la moralidad y la legalidad», producto de una educación firme en la conciencia social.
También advierten sobre el interés que se le ha dado a los particularismos antes que al bien común, lo que ha desencadenado una «gestión reduccionista de la política». Así los obispos, traen a la memoria una reflexión del Papa Francisco en la que recuerda a los partidos políticos la importancia de escuchar las necesidades reales de las personas, elaborar programas coherentes e impulsar acciones que garanticen un desarrollo duradero.
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El centro de la acción política
Procesos colectivos que seguramente implicarán solidaridad de una y otra parte, porque como los obispos peruanos argumentan, si se «consigue con la participación activa de todos, el orden es hacer que las estructuras de la sociedad respondan a las necesidades básicas de la vida humana y respondan a las exigencias fundamentales de libertad, justicia e igualdad de la persona humana”.
Pensamientos compartidos por la Conferencia Episcopal peruana que plantean la cultura de la legalidad, el bien común y la solidaridad, como fuente de desarrollo al tenor de varias condiciones que pasan por la corrección y la transparencia de los procedimientos, la estabilidad de las leyes, la aplicación obligatoria de las normas para todos y no solo para algunos y la eficiencia de las estructuras sociales que permitan a todos el ejercicio de sus derechos, la atención prioritaria de los vulnerables y la atención preferencial por los marginados.
El primer paso de este proceso es la recuperación de la función política delegada exclusivamente a personas que se consideran expertos en cuestiones políticas porque como señala el episcopado peruano «la atención a las necesidades materiales y espirituales de todos los peruanos deben estar siempre al centro de la vida económica y social que deben constituirse en la primera preocupación de toda acción política».
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