Lamentablemente, la persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua no da tregua. En los últimos días el régimen de Daniel Ortega dio la orden para que todas las religiosas presentes en este país, lo abandonen antes de finalizar el año 2024. Presión que ejercerá con la no renovación de los permisos de residencia a sacerdotes y hermanas extrajeras una vez expiren estos.
La persecución contra miembros de la Iglesia en Nicaragua no es nueva, pero se ha intensificado dramáticamente desde abril de 2018. Esto inició durante las protestas de 2018-2019, cuando la Iglesia manifestó en rechazo al régimen de Daniel Ortega, presidente de la República en ese país.
Exilio y confiscación de bienes
Con esta decisión, las religiosas que salgan de Nicaragua tendrán que volver a los países donde están presentes sus congregaciones, la gran mayoría son de naciones latinoamericanas. Del mismo modo, se han visto ya afectadas organizaciones sin fines de lucro afiliadas a la Iglesia, a quienes el gobierno les ha ido cancelando los registros de permisos y en algunos casos confiscado sus propiedades.
Congregaciones afectadas
Desde la implementación de una ley en 2022 que endureció las restricciones contra entidades religiosas, varias congregaciones han sido expulsadas del país. Entre ellas se encuentran los franciscanos, los jesuitas, los Misioneros del Sagrado Corazón y una comunidad trapense femenina. En la mayoría de los casos, sus bienes han sido expropiados.
Aunque algunos miembros de estas instituciones todavía permanecen en Nicaragua, lo hacen sin ningún respaldo legal. Por ejemplo, un reducido grupo de jesuitas continúa en el país, pero sin la estructura formal que solían tener. Por su parte, otras congregaciones ante los acosos y persecuciones han tomado la decisión de salir discretamente del país, antes de ser expulsadas y temiendo por su seguridad.
Violación de los derechos humanos
La más reciente expulsión por parte del Gobierno nicaragüense fue hecha el pasado 14 de noviembre, a monseñor Carlos Herrera, obispo de la diócesis de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), tras expresar su descontento con las autoridades locales.
El desplazamiento forzado de religiosas, sacerdotes y obispos en Nicaragua evidencia una grave crisis humanitaria y de derechos humanos que profundiza la fractura social y política del país. Este éxodo obligado de la Iglesia católica no solo deja un vacío espiritual y social, sino que también resalta la creciente represión y el desmantelamiento de la resistencia interna, sumiendo al país en una incertidumbre cada vez más alarmante.
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