Carlos Manzo, alcalde de Uruapan fue asesinado este 1 de noviembre en medio de la celebración del día de los muertos. Días atrás Bernardo Bravo Manríquez, un líder limonero de Apatzingán sufrió la misma suerte después de recibir amenazas del crimen organizado, dos muertes que hacen evidente el nivel de violencia que se vive en el estado de Michoacán.
La conferencia del episcopado mexicano advirtió que el homicidio del alcalde se suma a una serie de muertes de personas que se han atrevido a levantar la voz y enfrentar la falta de estado de derecho en sus tierras, negocios y otros espacios, por lo que insisten en que «hoy no basta con aprehender al asesino: hay que combatir con determinación la causa de todos estos asesinatos».
Situaciones que desde la perspectiva de la Iglesia muestran que la presencia ordinaria de grupos armados, que controlan la vida pública de los ciudadanos en varias regiones del país, constituye el verdadero crimen que debe enfrentarse porque «los productores, comerciantes y gobernantes, viven los efectos de un grave debilitamiento del orden constitucional que los gobiernos, a nivel municipal, estatal y federal están obligados a garantizar».
Hechos frente a los cuales los obispos hicieron un llamado a las autoridades y responsables de dichos delitos. En el caso de quienes tienen bajo su responsabilidad propender por la seguridad de los mexicanos, la Iglesia exige que se combata con determinación e inteligencia el verdadero crimen que aclaran, no es solamente la trágica e indignante muerte de un comerciante o alcalde como sucedió con Bernardo Bravo y Carlos Manzo; sino la vida de miles de ciudadanos que cada día se ve amenazada y «ultrajada en el ejercicio de sus libertades al trasladarse y desarrollar sus actividades comerciales y recreativas».
La vida como don de Dios
Respecto a los victimarios los prelados «llaman a todos los mexicanos que están provocando esta violencia fratricida a detenerla y respetar la vida de todos, pues cada hermano es un don de Dios del que se nos pedirán cuentas cuando estemos ante Él»; además porque, «nadie nació para hacer el mal y nadie encontrará su camino de felicidad transgrediendo la dignidad de su prójimo».
Pese a la gravedad de los actos, los obispos mexicanos están convencidos que “todos los ciudadanos del país son responsables de construir la paz; familias, maestros, comerciantes, empresarios, miembros de las diversas denominaciones religiosas y ciudadanos de los tres órdenes de gobierno; todos estamos llamados a defender los valores de nuestra patria para que nos permitan vivir dignamente, en paz y libertad».
De esta forma, los obispos ofrecen alternativas como el diálogo Nacional por la Paz, como un espacio de encuentro, diálogo y coordinación para alcanzar dichos objetivos. Igualmente, ratifican que como Iglesia seguirán caminando de forma cercana a los sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral; aún en medio de contextos marcados por la violencia, porque permanecen fieles a su misión de anunciar el Evangelio, acompañando a las comunidades y abriendo caminos de esperanza.
«La entrega silenciosa y valiente de estas personas es un signo vivo de la presencia de Cristo en medio de su pueblo, recordándonos que la luz nunca se extingue frente a la oscuridad», explicaron.
Una cadena de violencia
Un llamado a la conciencia de las autoridades, los victimarios y la sociedad civil que la Iglesia mexicana entrega como parte de sus intenciones a Nuestra Señora de Guadalupe, para que ella guíe sus corazones e interceda para que México alcance la paz, la libertad y el desarrollo que merece».
En el caso de Carlos Manzo, dos de las personas involucradas en el ataque se encuentran bajo órdenes de las autoridades legales y uno de ellos fue abatido según la información que proporcionó la secretaría de seguridad y protección ciudadana de México. Manzo tomó posesión como alcalde de Uruapan en septiembre de 2024 y como parte de su administración denunció la inseguridad que afectaba diferentes sectores de la localidad, denuncias que pagó con su vida.
Por su parte Bernardo Bravo Manríquez era el presidente de la Asociación de Citricultores y expuso las diferentes presiones del crimen organizado sobre los productores agrícolas y los riesgos que padece el sector, especialmente el limonero. De hecho, su padre también había sido asesinado en 2016, casi de igual forma. En este caso dentro de los motivos está la presión sobre los precios del limón.
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