La Red Eclesial Panamazónica (Repam Bolivia) y la Conferencia Eclesial de la Amazonía (Ceama Bolivia) enviaron una carta al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, solicitando la intervención inmediata de la institución ante la situación de alto riesgo que enfrenta el Pueblo Indígena Tsimane del sector Yacuma, en el departamento del Beni, y su líder, el Gran Cacique Rosendo Merena Nate.
En el documento, ambas organizaciones expresan su “profunda preocupación por la situación de alta vulnerabilidad que atraviesan las familias tsimanes” y advierten que su líder ha sido objeto de amenazas y hostigamientos por parte de personas afiliadas a la FEPAY, quienes desconocen la Sentencia Constitucional 0935/2024-S3, que reconoce el derecho ancestral y colectivo del Pueblo Tsimane sobre su territorio.
A esta denuncia se suma la solicitud de resguardo policial urgente emitida el 21 de octubre de 2025 por el Sub Consejo Tsimane del Sector Yacuma, dirigida al subteniente Víctor Hugo Borda Laura. En la carta, firmada por Rosendo Merena Nate, se advierte sobre “hechos ocurridos que nos hacen sentir inseguros, más aún después de las amenazas que ganamos en fallo a nuestro favor por la depredación de nuestro territorio”.
Protección de la vida y del medio ambiente
El documento detalla que las comunidades temen nuevos enfrentamientos o ataques, y recuerda que la defensa del territorio está respaldada por varios artículos de la Constitución Política del Estado y del Código Penal boliviano, que amparan la protección de la vida y del medio ambiente. “Exigimos resguardo policial en la sede de sub consejo Tsimane sector Yacuma – 10 de junio”, señala la nota, en la que se pide la presencia policial para el 22 de octubre “debido al riesgo inminente de violencia”.
Pese a las alertas y solicitudes formales, las comunidades tsimanes no han recibido aún las garantías mínimas de seguridad necesarias. “La falta de respuesta oportuna de las instituciones competentes podría tener consecuencias irreparables para un pueblo en situación de contacto inicial y alta vulnerabilidad”, advierte el pronunciamiento conjunto de la Repam y la Ceama
Las organizaciones eclesiales instan a la Defensoría del Pueblo a facilitar protección inmediata para el Gran Cacique y las comunidades amenazadas, coordinar con la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno el resguardo permanente en el territorio, y verificar en el lugar la situación de vulneración de derechos humanos. También solicitan que se emita un informe público que visibilice la gravedad del conflicto y se exhorte al cese de la violencia.
“La Repam y la Ceama reiteran su compromiso con la defensa de la vida, la paz y los derechos de los pueblos amazónicos”, concluye la carta firmada por Willy Llanque, secretario ejecutivo de Repam Bolivia, y Mons. Juan Carlos Huaygua, presidente de Ceama Bolivia, quienes apelan a que la Defensoría actúe “con la urgencia que la situación demanda”.
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