ADN Celam

América Latina y el Caribe ha entrado en una crisis migratoria sin precedentes, en especial, el corredor migratorio Centroamérica- México. Gobiernos como Panamá y Costa Rica han decretado una emergencia ante el alto flujo de migrantes.

Para el Centro de Gestión del Conocimiento del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam) a través del Observatorio socioantropológico pastoral, este es un problema que surgió con la pandemia, por ello, ha presentado el informe “Migración en tiempos de pandemia: diagnóstico de Latinoamérica y el Caribe”.

Se trata de un diagnóstico general sobre los nuevos procesos migratorios en el continente durante la pandemia, bajo la dirección de Nicolás Pedemonte Rojas con el aval de la Red Eclesial de migración, trata, refugio y desplazamiento Clamor y el Centro de ética y reflexión social Fernando Vives de la Universidad Alberto Hurtado (Chile).

Se conformó un equipo transdisciplinario de investigadores, integrado por Constanza Lobos, Javier Urbano, Eduardo Romo y Nicolás Pedemonte, quienes realizaron un reporte con énfasis descriptivo del contexto regional, con base en información cualitativa y etnográfica, recogida en 17 países desde Chile a Estados Unidos.

“Este informe se basa principalmente en la observación en terreno y en relatos recabados directamente en personas migrantes y actores claves”, explicó Pedemonte.

Toda vez que apuntó que “se describieron los nuevos procesos migratorios con énfasis en las rutas y experiencias de tránsito, en las condiciones sociosanitarias de las personas, en las redes y soportes socioeconómicos, las políticas, las experiencias de convivencia intercultural, y ponderando también el papel que ha asumido la Sociedad Civil y la Iglesia en esta crisis humanitaria”.

El estudio puede descargarlo gratis AQUÍ

Recomendaciones para los Gobiernos

Cuenta Nicolás que “la solidaridad y la agencia del Tercer Sector resultaron particularmente relevantes de atender en un contexto de pandemia donde aumentó la migración irregular de la mano del cierre de fronteras y del despliegue de políticas migratorias restrictivas”.

Por ello, considera que “este informe aporta perspectivas sobre los nuevos desafíos que deben enfrentar los Estados, pero además una descripción del continente como un espacio de oportunidad que han aprovechado grupos ilegales como el crimen organizado, convirtiendo las rutas y fronteras en territorios peligrosos de transitar y altamente rentables para el tráfico y trata de personas”.

Aclaró que “sin ser un texto con fines académicos, este documento ofrece información y perspectivas de interés para quienes busquen una aproximación panorámica de las principales tendencias de la migración en el continente, como también orientaciones para la toma de decisiones”.

“La incertidumbre y los obstáculos que representa para los migrantes, sobre todo en Sudamérica la volatilidad de las medidas migratorias a nivel nacional, exige coordinar la periodicidad de los cambios en la normativa fronteriza entre los países”, agregó.

Derecho a no migrar

Analizaron desde diversas aristas este fenómeno para ofrecer alternativas y posibles soluciones, no solo a los agentes pastorales y personas vinculadas con la Iglesia, sino a los Gobiernos de la región.

Frente al actual contexto “se hace urgente reformular las acciones de control migratorio, poniendo atención prioritaria en las acciones de mediación social para la integración y reintegración, que son políticas sumamente débiles y que requieren mayores recursos”.

Así que “resulta perentorio también redefinir las competencias de las instancias de seguridad en la gestión migratoria, dado que durante la pandemia la contención y represión de los movimientos migratorios ha estado dominada por las fuerzas de orden, sin articulación intersectorial con las oficinas gubernamentales especializadas en la gestión migratoria”.

En definitiva, – precisó Pedemonte, resulta ineludible también “enfatizar una agenda de cooperación migratoria, en que los recursos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y los apoyos de otras fuentes, se destinen a fortalecer el principio del derecho a no migrar, creando las condiciones básicas que permitan inhibir la migración por razones de pobreza, violencia u otros factores”.