Desde el pasado 26 de mayo, un grupo de voluntarios que trabajan en temas de derechos humanos, junto con un colectivo de ambientalistas adelantan una jornada de ayuno en protesta para exigir el cumplimiento inmediato de la sentencia que ordena el apagado de unos mecheros en las provincias de Sucumbíos y Orellana (Vicariatos de Sucumbíos y Aguarico), ubicadas al norte de Ecuador.
A la jornada que se extenderá hasta este miércoles 5 de junio, donde se realizará un acto simbólico y pacífico frente a la Corte Constitucional pidiendo se cumpla la sentencia, se han unido jóvenes estudiantes y personas de la comunidad quienes manifiestan que estos elementos contaminantes están afectando la salud de muchos de sus habitantes, algunos enfermos de cáncer.
Corrupción de petrolera y autoridades
En conversación con ADN Celam, el padre Chalie Azcona, misionero capuchino que trabaja en el Vicariato de Aguarico, es la persona que ha estado acompañando a las niñas en esta lucha de los derechos de las comunidades. Con una voz de angustia ha pedido que a través de los diferentes medios y redes sociales se difunda esta problemática.
El religioso pide se haga justicia y califica todo lo que está pasando como un crimen contra la naturaleza y las comunidades, así como señala que, es un irrespeto a las nueve niñas que ganaron esta sentencia de apagar los mecheros. Agregó además que, hasta el momento Petroecuador no ha cumplido, antes bien indica que cuando inició el proceso había 447 mecheros y hoy día ya van 486 aumentando el número en 40. Indicó que las soluciones técnicas están ya dadas y “es la corrupción de Petroecuador y de las autoridades que no quieren dar paso”.
“Según la Ministra de Energía y Minas habían eliminado 135 mecheros, entonces según nuestra matemática no es así, porque han aumentado 40 más. Esto nos parece es una burla que una sentencia no se cumpla y se siga violando los derechos de las niñas, ellas habían hecho una acción de protección y todos los jueces y las autoridades están haciendo caso omiso de la misma, entonces quiere decir que somos cómplices de esa violación constante de los derechos de las niñas, de las poblaciones y estamos tomando agua envenenada. Esto está llevando al aumentando los casos de enfermedad de cáncer, casos que quedan luego abandonados por parte del Estado”, afirmó el sacerdote.
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El misionero agregó que, le parece grave que el mismo Estado, quien tiene el deber de velar por los derechos de los ciudadanos, sea hoy el causante de esta violación haciendo caso omiso a lo que es la justicia. Además, dijo que es la corrupción que está imperante dentro de Petroecuador y que se prefiere el bien de un grupito, a los derechos de las poblaciones. A esto agregó que, todos los colectivos están dispuestos a seguir apoyando la valentía de estas niñas, siguiendo en la resistencia hasta que se dé cumplimiento a la sentencia. «A nosotros solo nos queda la resistencia porque hemos intentado todos los medios, ha habido diálogos, pero son diálogos donde no hay voluntad política de eliminar los mecheros».
«Que haya justicia»
También intervino Gabriela Rueda, una de las nueve jóvenes que interpusieron la demanda, quien explicó que su presencia en el lugar del ayuno se debe a que buscan que haya justicia y que se cumpla con la sentencia y pide hacer más visible este caso.
Dijo además que, el ayuno consiste en no comer alimentos, sino agua o té durante este tiempo y que dos veces al día pasa un médico revisando la presión y signos vitales en general.
Hermandad de organizaciones de la Iglesia
Por su parte la ecuatoriana María Cristina Chuquimarca Mosquera, socióloga y quien hace parte del Movimiento Laudato si’ en Hispanoamérica, explicó que existe la Red Nacional de Pastoral Ecológica (Renape) donde participan Cáritas Ecuador, la Red Eclesial Panamazónica (Repam), el Movimiento Laudato Si’, Iglesias y minería, la Comunidad de los Hermanos Capuchinos, entre otras organizaciones de Iglesia, quienes están apoyando esta jornada.
Igualmente, destacó que a esta jornada se han unido dos obispos, son ellos: José Adalberto Jiménez Mendoza, Vicario Apostólico de Aguarico y Giovanni Mauricio Paz, obispo de Latacunga y presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Insistió que se debe visibilizar en todas las esferas del continente esto que está pasando en las provincias de Sucumbíos y Orellana, pues es una problemática que se extiende en muchas partes de América Latina y el Caribe.
“Hay varios actores de la Amazonía que están presentes y lo que quisiéramos es que ustedes nos ayuden a posicionar muy fuerte este evento y también que pudiera llegar al Vaticano. Ecuador ha sido de verdad un faro de luz para el continente respecto a las luchas contra la minería y el petróleo y creemos que esto es un tema muy muy justo, que de hecho lo está impulsando también el Vicariato Apostólico de Aguarico”, indicó.
Contexto
El 20 de febrero de 2020, nueve jóvenes presentaron una acción de protección contra el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y el Ministerio del Ambiente y Agua, argumentando que el impacto de los mecheros vulneraba su derecho al agua, a la salud, a la soberanía alimentaria y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En su demanda dijeron que los mecheros han causado daños en la salud de los habitantes de la zona y contaminado el agua lluvia que creían era la única fuente de agua limpia que quedaba.
En enero de 2021, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos respaldó las peticiones de las niñas Leonela Moncayo, Rosa Valladolid, Skarlett Naranjo, Jamileth Jurado, Denisse Nuñez, Dannya Bravo, Mishell Mora, Jeyner Tejena y Kerly Herrera, aprobando la sentencia para que Petroecuador elimine las más de 400 antorchas o mecheros de gas, que emiten grandes cantidades de dióxido de carbono y otros residuos tóxicos al ambiente.
El 3 de mayo de 2021, la Corte Provincial de Sucumbíos acepta, en segunda instancia, la acción y dispone medidas de reparación integral. La primera de ellas era la eliminación gradual de los mecheros utilizados para la quema de gas, por parte de las empresas petroleras.
Fotos: Cortesía Unión de Afectados por Chevron-Texaco ( UDAPT) y del padre Txarly Azcona
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