La Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Remam) se ha unido al clamor de la Iglesia en Panamá, quien en cabeza de monseñor Rafael Valdivieso, obispo de Chitré y presidente de la Conferencia Episcopal de y Monseñor Manuel Ochogavía, obispo de Colón – Kuna Yala y secretario general, han planteado cara al proyecto Proyecto de Ley 1100 sobre el contrato entre el Estado y Minera Panamá, que permitiría la explotación por 40 años.
Por eso la Remam en este país – constituida por más de 20 organizaciones eclesiales – quiere dejar claro su rechazo “a la aprobación del contrato minero por la Asamblea”, de hecho, “en ocasiones anteriores hemos expresado claramente por qué la destrucción desenfrenada de la Corredor Biológico Mesoamericano y de las comunidades no es el camino que nuestro país debe tomar si auténticamente quiere construir una sociedad de paz, florecimiento humano y armonía con la creación con la que Dios nos ha bendecido”.
Echan mano de la recién publicada exhortación apostólica Laudate Deum, en la que el Papa Francisco afirma que “la verdadera fe en un Dios Creador nos llama a responder con valentía, reconociendo que “la fe auténtica no sólo da fuerzas al corazón humano, sino que transforma la vida entera, transfigura los propios objetivos, ilumina la relación con los demás y los lazos con todo lo creado”.
Por consiguiente, reconociendo nuestra responsabilidad de denunciar la funesta destrucción de nuestra Casa Común y de acompañar a todos aquellos que justamente defienden sus vidas y territorios, “tenemos que pronunciarnos ante esta aprobación apresurada del contrato minero”.
“Rechazamos y consideramos contraria a la ética profesional la forma acelerada como el gobierno panameño y la asamblea de diputados han manejado la aprobación del contrato minero, no se han escuchado los distintos sectores de la sociedad como indica nuestra normativa y convenios internacionales como el Acuerdo de Escazú”, añadieron.
Impactos socioambientales
Para las organizaciones de Reman es un precio “muy alto” que el país “va a pagar comparado con las migajas que vamos a recibir”, toda vez que han advertido que “este método de actuar puede producir efectos impredecibles para la débil institucionalidad del país y su impacto directo en la vida socioambiental que desarrollan nuestras comunidades”.
Han desaprobado “la violencia desproporcionada con la cual intervino la policía contra los manifestantes”este 20 de octubre cuando “acompañados por nuestros obispos, nos manifestábamos pacíficamente, ejerciendo nuestro derecho ciudadano”.
“También rechazamos la descalificación absurda hecha por algunos periodistas contra el pueblo de Dios y en particular, los señores obispos, tratándonos como terroristas”, añadieron.
Por tanto, insisten que el Gobierno “no sancione esta ley por todas las consecuencias que ya se han explicado, empezando por su inconstitucionalidad y por el rechazo de gran mayoría de la población”. De hacerlo – advierten – “se cometería un gravísimo error y se traicionaría el futuro de nuestro país”.
La invitación a toda la comunidad creyente y personas de buena voluntad es “a discernir, a la luz de los valores cristianos y del Evangelio, a conocer y pronunciarse sobre los peligros que hay para la salud, ecosistemas y sostenibilidad económica y social al convertir a Panamá en un país extractivista”.
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