«Cada hecho violento en nuestros territorios nos reclama mayor compromiso en este propósito; no podemos seguir postergando este profundo anhelo de una Colombia reconciliada y en paz,» fueron las palabras de Mons. Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán, tras el atentado ocurrido este 2 de julio contra el diácono Fredy Muñoz y el laico Eider Bototo, ambos servidores de esta iglesia particular situada al suroccidente de Colombia.
El conflicto persiste
Pese a la gravedad del incidente la Iglesia católica colombiana ratificó su empeño indeclinable en la búsqueda y la construcción de paz en este departamento y el resto del país. Un acto delincuencial rechazado por el prelado que ve con profunda preocupación la acción violenta de carácter indiscriminado que se produjo en el casco urbano del municipio de Caldono en el departamento del Cauca. «Rechazamos enérgicamente este atentado, que pudo segar la vida de dos personas que están desde el Evangelio, totalmente al servicio de esta comunidad,» afirmó.
Si bien los reportes oficiales aseguran que las heridas no amenazan gravemente la vida de los dos servidores, es una situación que hace evidente «las heridas de toda la sociedad civil del Cauca que es víctima permanente de esta violencia armada,” agregó y que de acuerdo con el pronunciamiento del arzobispo está fuera de todo principio de racionalidad y respeto por las normas consagradas en el Derecho Internacional Humanitario. Al respecto Mons. Omar Sánchez recordó a los actores armados al margen de la ley que operan en el departamento del Cauca que «la guerra tiene parámetros, que no todo está permitido, por lo tanto, condena este hecho que refleja la degradación del conflicto armado que sigue presente en esta zona del territorio colombiano.
El atentado
De acuerdo con la información proporcionada por las organizaciones sociales de la zona, durante la madrugada del 2 de julio Deiver Bototo y el diácono Fredy Muñoz se desplazaban por la carretera entre la vereda La Esmeralda y la localidad de Caldono tras una actividad pastoral que se desarrolló en la parroquia de San Lorenzo, cuando fueron interceptados por un grupo de hombres armados que atacaron el vehículo con armas de fuego.
El vehículo en el que se movilizaban era de propiedad del padre Javier Humberto Porras, responsable de la Parroquia San Lorenzo y quien durante la última semana estuvo al frente de una misión arquidiocesana que congregó a más de 100 personas y 11 sacerdotes.
Las investigaciones preliminares hablan de un número mayor a los 30 disparos que impactaron sobre el vehículo. Por ahora, los dos heridos se encuentran hospitalizados con un pronóstico estable en la ciudad de Popayán, capital del departamento en mención.
Organizaciones unidas
Tras el atentado diferentes organizaciones condenaron el hecho. Entre ellas la misión de verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia. “Desde la Misión de Verificación rechazamos estos hechos de violencia y nos solidarizamos con la Iglesia Católica, fundamental promotora de la construcción de paz y reconciliación en los territorios”, señaló el organismo en un comunicado unilateral.
Por su parte los miembros de la Asociación de Cabildos Ukawe’sx Nasa Cxhab y las autoridades ancestrales del territorio Sath’Kiwe del municipio de Caldono se unieron a la condena del acto terrorista. «Declaramos total rechazo frente a los actos de violencia presentados contra la integridad de nuestros comuneros servidores de la Palabra de Dios,» afirmaron.
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Zona en conflicto
Tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dos grupos disidentes vienen consolidando sus acciones de intimidación en la zona.
Se trata de los grupos Dagoberto Ramos y Carlos Patiño. A esta situación se suma el ingreso de las estructuras de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que vienen intimidando a la población, los dirigentes indígenas y campesinos; aumentando la tensión entre la sociedad civil y aumentando los niveles de fenómenos delincuenciales como el reclutamiento forzado de menores y el control territorial con diversos fines delictivos.
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