La crisis humanitaria en el Chocó, pacífico colombiano continúa empeorando a medida que los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo se intensifican. Así lo denunció el obispo de Istmina-Tadó, Mario de Jesús Álvarez quien prendió las alarmas para que el Gobierno Nacional y la comunidad internacional intervengan cuanto antes en la región .
El prelado destacó la magnitud del desplazamiento forzado en la región, que ya deja miles de personas desplazadas. Siendo las comunidades más afectadas por estos hechos recientes las ubicadas entre Boca de Sipí y Potedó, con especial impacto en la comunidad de Noanamá, donde la población afrodescendiente, indígena Wounan y mestiza se encuentra en riesgo inminente .
Llamado urgente del obispo de Istmina-Tadó
El prelado lanzó un SOS e hizo un llamado urgente para que tanto gobierno nacional como instancias de derechos humanos, hagan presencia y visibilicen lo que está sucediendo en el departamento del Chocó por cuenta del conflicto interno en esta zona del pacífico.
“Desde Istmina, capital de la diócesis de Imina-Tadó, quiero en nombre de toda la comunidad diocesana, del pueblo Wounan de los afrodescendientes y mestizos de la región del San Juan, hacer un llamado al gobierno nacional y a todas las instancias nacionales e internacionales para que detengan su mirada sobre esta región del departamento del Chocó”, expuso el obispo.
Preocupación y pedido de acción inmediata
El líder religioso lamentó la emergencia humanitaria que vive el Catatumbo, sin embargo, advirtió que lo “que se está cocinando en el Chocó” en el medio San Juan “apunta a ser también muy doloroso”, mencionando el riesgo de una confrontación armada de gran magnitud.
“Está avisada una confrontación entre los diferentes grupos, un desplazamiento de todas estas comunidades a las cabeceras municipales. Tenemos que acompañar a estas comunidades, no podemos dejarlas solas frente a esta situación”, aseveró el obispo.
La falta de presencia estatal en la región, no es solo un reclamo por parte de la Iglesia, sino que a esto se suman líderes comunitarios y organismos de derechos humanos que denuncian el incremento de la violencia. La población desplazada sigue creciendo, enfrentando condiciones inestables y un temor a regresar a sus hogares por miedo.
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