Los Obispos de Guatemala han celebrado su Asamblea plenaria anual, del 23 al 27 de enero, con varios temas “urgentes” en su agenda: migrantes, violencia, corrupción, elecciones y postpandemia.
Además han renovado a su junta directiva para el periodo 2023 al 2026, en la que monseñor Rodolfo Valenzuela, obispo de La Verapaz, asume como presidente; monseñor Bernabé de Jesús Sagastume, obispo de San Marcos, como vicepresidente.
En tanto, monseñor Antonio Calderón, obispo de Jutiapa, asume como secretario general; como tesorero fue elegido monseñor Domingo Buezo, obispo de Sololá- Chimaltenango, mientras que los vocales son monseñor Ángel Recinos, obispo de Zacapa y prelado de Esquipulas, y monseñor Pablo Vizcaíno, obispo de Suchitepéquez-Retalhuleu.
Además ha elegido a monseñor Juan Manuel Cuá, obispo auxiliar de Los Altos, como delegado para el sínodo universal y Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, como delegado suplente.
Han nombrado a los responsables de las comisiones episcopales de pastoral y delegaciones episcopales. Agradecieron a don Gonzalo de Villa, hasta entonces presidente del Episcopado, por los 6 años de servicio al tiempo que fue designado como Miembro de oficio en la junta directiva.
Atención a migrantes en riesgo
Sobre el primer tema han mostrado su inconformidad con las medidas migratorias asumidas por el Estado guatemalteco, dispuestas en el artículo 101 del Acuerdo de autoridad migratoria nacional #7-2019, reglamento del código de migración, sobre exigencias del proceso de registro de albergues.
Al respecto, señalan que “nuestras casas de migrantes deben mantenerse como un servicio de caridad respetuoso y gratuito, la aplicación estricta de la normativa impediría el mismo y nos obligaría a clausurarlas”.
Agudización de la violencia
En cuanto a la actual realidad del país, han indicado que “nos cuestiona el tiempo de la postpandemia que ha tenido consecuencias en lo económico, en la salud física y mental”, por cuanto, “esta experiencia nos pide no dejar en el olvido las desigualdades e injusticias que la misma develó”.
También han lamentado el deterioro social y violencia contra la mujer como los conflictos territoriales en Nahualá-Ixtahuacán y Tajumulco- Ixchigán, por ello, “hacemos un llamado a la paz y a la reconciliación de los habitantes y pedimos a las autoridades responsables que ejerzan su mandato constitucional para favoreces la solución del problema”.
Elecciones por el bien común
En cuanto al deterioro de la democracia y aplicación de la justicia, los prelados denuncian que “la corrupción se hace cada vez más evidente” y con el inicio del tiempo electoral esta situación “provoca escepticismo y desconfianza en el país”.
Sin embargo, siguen apostando por la democracia como “un sistema de gobierno que evita la centralización y manipulación del poder”. En medio de las circunstancias complejas aún es posible promover un proceso electoral “honesto y transparente” por cuanto “hemos de actuar de tal manera que tanto electores como candidatos busquemos el bien común”.
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