En medio del recrudecimiento de la violencia y la expansión de estructuras criminales en la frontera entre Colombia y Ecuador, varios obispos de las jurisdicciones eclesiales de ambos países dirigieron una carta al cardenal Luis Gerardo Cabrera Herrera, arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, solicitando su intervención pastoral ante la crisis que afecta a las comunidades fronterizas.
La misiva, fechada en la ciudad de Ipiales, expone la preocupación de la Iglesia por “la grave situación humanitaria y social que vienen viviendo las comunidades de la frontera colombo-ecuatoriana”, particularmente en los departamentos de Nariño y Putumayo, así como en las provincias ecuatorianas de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos.
Escalada de violencia y control territorial
Los obispos advierten que “en los últimos meses se ha intensificado la presencia, circulación y disputa territorial de grupos armados y estructuras criminales”, situación que está provocando “un clima persistente de temor, restricciones a la movilidad, afectaciones ambientales, riesgos para líderes sociales, comunidades indígenas, campesinas y población migrante, así como una creciente fragilidad del tejido social y comunitario”.
Según el documento, este escenario se agrava por factores políticos y militares: “Esta situación se ve agravada por las decisiones económicas tomadas por los presidentes de Colombia y Ecuador y por las operaciones militares adelantadas por los ejércitos nacionales”.
Asimismo, señalan que la crisis ocurre en paralelo a procesos de negociación armada: “Todas estas situaciones se presentan en medio de los diálogos de paz con dos agrupaciones armadas en la zona colombiana: Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en medio de un nuevo ordenamiento mundial con enfoques que desconocen el derecho internacional”.
Riesgo de mayor crisis humanitaria
Desde su trabajo pastoral y humanitario en territorio, los firmantes alertan que “persisten afectaciones en las comunidades, que se profundizarán en escenarios de mayor crisis humanitaria, desplazamientos forzados, rupturas familiares y crecimiento de la pobreza, si no se actúa de manera preventiva y coordinada”.
Este diagnóstico coincide con reportes humanitarios y eclesiales que vienen señalando confinamientos, movilidad restringida y expansión de economías ilegales en corredores fronterizos del suroccidente colombiano y norte ecuatoriano.
Ante este panorama, los obispos solicitan al cardenal Cabrera su mediación pastoral para impulsar acciones conjuntas entre ambas Iglesias nacionales. Entre las peticiones se encuentran: Favorecer espacios de escucha, mediación y articulación humanitaria en los territorios de frontera; acompañar gestiones ante las autoridades civiles competentes para garantizar la protección de la población civil, el respeto al Derecho Internacional Humanitario y la prevención de nuevas violencias; acompañar el eventual diálogo de incidencia con diversos actores político para compartir la importancia de la construcción de la Paz desde estas regiones colombo ecuatorianas; e impulsar una mirada pastoral integral que reconozca la dimensión binacional de la frontera, promoviendo acciones coordinadas entre las Iglesias hermanas del Ecuador y Colombia.
La Iglesia por la paz
En el cierre de la carta, los prelados expresan su esperanza en la acción eclesial como puente de reconciliación: “Confiamos en que la voz de la Iglesia, inspirada en el Evangelio de la paz y la dignidad humana, pueda contribuir a desactivar lógicas de violencia y a prevenir sufrimientos mayores para nuestras comunidades más vulnerables”.
También manifiestan su disposición a seguir las orientaciones pastorales que surjan: “Agradeciendo de antemano su atención y acompañamiento pastoral, quedamos atentos a cualquier orientación o indicación que considere pertinente”.
El pronunciamiento está suscrito por obispos de diócesis y vicariatos directamente vinculados al territorio fronterizo: Mons. José Saúl Grisales, obispo de Ipiales; Mons. Carlos Yépez Naranjo, obispo de Tulcán; Mons. Juan Carlos Cárdenas Toro, obispo de Pasto y administrador apostólico de Mocoa-Sibundoy; Mons. Antonio Crameri, obispos del Vicariato Apostólico de Esmeraldas; Mons. Franklin Misael Betancourt, obispo de Tumaco; Mons. Moacir Goulart de Figueredo, obispo del Vicariato Apostólico de San Miguel de Sucumbíos; y Mons. Joaquín Humberto Pinzón Güiza, obispos del vicariato apostólico de Puerto Leguízamo-Solano. La comunicación fue remitida también al presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, a la Comisión Episcopal de Pastoral Social y a Cáritas Ecuador.
Contexto regional
La alerta episcopal se produce en un escenario de creciente deterioro de la seguridad en la frontera norte ecuatoriana y sur colombiana, que enfrenta la expansión de economías ilegales, disputas armadas y tensiones diplomáticas.
De acuerdo con reportes del portal Primicias, Ecuador enfrenta la acción de 11 bandas criminales locales y ocho grupos armados colombianos en zonas limítrofes, en medio de disputas por rutas del narcotráfico y recriminaciones entre Quito y Bogotá por el control territorial. Datos del Proyecto de Datos sobre Localización y Eventos de Conflictos Armados (ACLED), citados por ese medio, registran más de 750 incidentes violentos entre 2023 y el 16 de enero de 2026 en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, incluyendo enfrentamientos armados, ataques a civiles, decomisos e incautaciones.
El escenario describe una doble presión para el Estado ecuatoriano: por un lado, la expansión de disidencias y grupos armados colombianos; y por otro, la fragmentación y disputa entre bandas criminales locales. Este contexto de violencia estructural, militarización y economías ilícitas coincide con la preocupación pastoral expresada por los obispos, quienes advierten que la población civil continúa siendo la más afectada y llaman a reforzar la mediación humanitaria y eclesial en la región fronteriza.
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