A más de un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela, sigue un clima de incertidumbre, puesto que el gobierno – a pesar del veredicto del Tribunal Supremo de Justicia – sigue sin mostrar las evidencias que dan como ganador a Nicolás Maduro.
La comunidad internacional y sectores sociales del país petrolero esperan aún que se publiquen las actas, por eso los Obispos venezolanos, en lo que sería un tercer comunicado, han pedido que se muestren los resultados.
De lo contrario, se estaría violando el artículo 5 de la Constitución en el cual reza que la soberanía reside en el pueblo “de forma intransferible”, eso atenta contra los valores democráticos que ha caracterizado a la sociedad venezolana.
Además “desconocer la soberanía popular manifestada a través del voto es moralmente inaceptable, ya que se aparta gravemente de la verdad y de la justicia”, porque “la verdad, aunque quiera ser ocultada, o reducida a la opinión de unos pocos, resulta imponiéndose (cf. Mc 4,22)”.
Respetar derechos fundamentales
Desde el 29 de julio, se ha desencadenado una férrea represión en contra de quienes han salido a exigir transparencia en el proceso electoral. El régimen chavista los ha calificado de terroristas.
A la fecha van más de 1674 detenidos, según cifras de Foro Penal, entre ellos, menores de edad, por eso, los prelados han expresado su preocupación “sobre la efectiva vigencia de la democracia venezolana”.
Denunciaron que diversos órganos del Estado han emprendido “una campaña de represión y persecución que se traduce en miles de detenidos, entre los que se encuentran muchos menores de edad, a los que se les pretende imputar, sin cumplir el debido proceso, delitos muy graves”.
“Preocupa, en particular, la persecución a la que se ven sometidos testigos de mesas, comunicadores sociales, el candidato con mayor número de votos y dirigentes de la oposición, contradiciendo de forma clara los principios de pluralidad política e independencia de los poderes”, señalaron.
El llamado es a cumplir con la Constitución y las leyes de la República, puesto que “en democracia es fundamental el respeto de los derechos de todos y, de forma especial, el de los menores de edad y sus familias”.
“Estos hechos han generado un clima de inquietud y zozobra en amplios sectores de la población que en nada contribuye a la sana convivencia ciudadana. Por el contrario, obstaculizan gravemente la superación, con el concurso de todos, de los grandes problemas y necesidades que nos afectan como nación”, finalizaron.
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