Cuatro días sin cocinar, pescar y mucho menos abastecerse de agua. Esta es la difícil situación que viven seis comunidades indígenas, pertenecientes al pueblo Kukama que viven a orillas de la quebrada de Cuninico y el río Marañón; ubicados en el territorio del distrito de Urarinas, en la provincia de Loreto – Perú. Cientos de personas afrontan las graves consecuencias de la contaminación del río Marañón tras un derrame de petróleo iniciado el 16 de septiembre, indicó Julio Arirua, presidente de la Federación de los Pueblos Kukamas.
Una comunidad que resiste
Más allá de la emergencia Monseñor Miguel Ángel Cadenas Obispo Vicario de Iquitos, denunció la violencia lenta que se ejerce contra este pueblo. «Es tiempo que el Estado responda a sus ciudadanos. No es posible que, en 50 años de actividad petrolera, con unos beneficios superiores a $ 35,000 millones, prácticamente la mitad de los loretanos carezcan de agua potable y saneamiento básico,» afirmó.
La comunidad ha organizado varias ollas comunes para que los niños consuman algo de alimento, mientras que los adultos no han podido comer nada. Lo peor es que ninguna autoridad gubernamental se ha preocupado por transportar insumos básicos para garantizar la supervivencia de estas comunidades ya sean ayudas representadas en agua o comida para una comunidad que habitualmente tiene en las aguas del río Marañón su fuente de sustento económico.
Ataques sistemáticos
Desde el 16 de septiembre líderes de la zona, entre los que está Galo Vásquez, presidente de FEDEPCUM (Federación de Pueblos Unidos Kukamas del Marañón) alertaron sobre la ruptura de una de las tuberías de PetroPerú, lo que habría ocasionado que el petróleo se dispersara por la quebrada Cuninico hasta llegar al río Marañón.
Incluso desde ese día ya se advertía el desabastecimiento de agua que sería inevitable por el rápido avance del crudo por las aguas de la quebrada y el río. Tras conocer la noticia la empresa PetroPerú anunció la movilización de un equipo de emergencias a la zona y la activación de un supuesto plan de contingencia; admitiendo que el derrame se produjo por un corte intencional de 21 cms en el oleoducto.
Igualmente explicó que desde diciembre de 2021 han sido objeto de 21 atentados de estas características, frente a lo que se comprometieron a coordinar las acciones necesarias para hacer entrega de provisiones a los habitantes de las localidades ribereñas.
Se sabe que autoridades como la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) anunció la apertura de una investigación de carácter preliminar que tendrá una duración de 60 días. El objetivo del procedimiento es establecer los responsables de lo que constituye un agravio contra el estado peruano y un delito ambiental. Para ello PetroPerú, deberá entregar un informe de lo sucedido a la Policía Ecológica de Loreto, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y al organismo de Evaluación y Fiscalizador Ambiental.
Una postura eclesial
Monseñor Miguel Ángel Cadenas, obispo vicario de Iquitos recordó que el derrame en Cuninico no es el único, pero si es emblemático. «Todas las comunidades en las cuencas petroleras padecen la contaminación por 50 años, en distintos grados,» aseguró.
Para el obispo en el tema de Cuninico llueve sobre mojado, al recordar que en 2014 se presentó otro derrame. Investigaciones que llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho se han ganado varios juicios y ya se agotaron los mecanismos institucionales del Estado, pero el problema para ejecutar las sentencias judiciales ganadas persiste.
Monseñor Miguel Ángel Cadenas advierte que el oleoducto no recibe el mantenimiento adecuado, tampoco existe una preocupación por la aplicación de la ley, entonces la impunidad termina por alentar estos actos delincuenciales. «Es necesario pensar el oleoducto y la urgencia de obtener dinero en las comunidades. Culpar exclusivamente a quienes lo hayan podido cortar dejaría en la sombra a los verdaderos auspiciadores de este tipo de comportamientos,» afirma.
El prelado asegura que es necesario mejorar el sistema de prevención, lo que en este tiempo podría lograrse haciendo uso de mecanismos de inteligencia artificial y vigilancia satelital de los diferentes tramos del oleoducto, porque es claro que el actual sistema está generando un impacto económico, social y medioambiental que califica de insostenible, sin hablar del sufrimiento que causa en las comunidades que habitan la zona.
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Voces por el pueblo Kukama
Dolores que para las comunidades se iniciaron en el mismo momento en que fueron marginadas sobre la existencia del oleoducto que atraviesa su territorio, pero frente al cual no fueron consultadas. Denuncia que hace el obispo al tiempo que critica los modelos de gestión del oleoducto, algunos con mayor o menor éxito que otros, mencionando una etapa caracterizada por los derrames que se presentaron entre 2014 y 2017 y las etapas de calma parcial.
Otra expresión de este sufrimiento es que las comunidades se encuentran postergadas, lo que genera rabia e impotencia en diversos sectores. No cuentan con el agua potable necesaria para vivir y la única fuente con la que cuentan se les contamina. Así advierte el prelado la única realidad verificable es la inseguridad alimentaria que se agudiza y el daño a la economía que no se puede negar. Finalmente, está el irrespeto a la cosmovisión del pueblo Kukama, porque bajo las aguas del río habitan espíritus y personas, lo que suele olvidarse por que como afirma Mons. Cadenas «cuando el Estado apela a la interculturalidad lo hace como un pasatiempo».
Ante la gravedad de la situación el prelado reitera su concepto de la denominada «zona de sacrificio« que es a lo apunta el Estado peruano al imponer el oleoducto a los pueblos originarios desconociendo por completo su impacto. «El problema reside en que estas comunidades hacen sacrificios, pero no gozan de los beneficios,» por lo que la desconfianza de las comunidades frente a las acciones estatales es muy alta principalmente porque a cambio de generar soluciones aumentan las problemáticas.
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