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La red Clamor capítulo Panamá difundió una carta abierta dirigida al Servicio Nacional de Migración, al Servicio Aeronaval y a la Autoridad Marítima de Panamá, en la que advierte su honda preocupación por las condiciones de seguridad en los traslados marítimos de migrantes que regresan voluntariamente a través del Caribe panameño hacia Colombia.

El documento indica que los ajustes en las políticas migratorias estadounidenses, aplicados desde enero de 2025, generaron un significativo movimiento de retorno. En ese proceso, varias embarcaciones que salieron de Miramar y de otras comunidades del litoral han naufragado, con saldo trágico en algunos casos. Estos hechos, advierte la red, evidencian una situación crítica donde “la vida humana debe primar sobre cualquier ganancia económica”.

Riesgos climáticos y responsabilidad institucional

El documento señala que muchos de los siniestros han ocurrido en medio de condiciones meteorológicas desfavorables que exponen a los pasajeros a riesgos extremos. La red insiste en que la prevención y el control dependen de decisiones humanas, y que es deber de las autoridades y transportistas asegurar embarcaciones aptas y seguras antes de poner vidas en el mar.

En su llamado público, este organismo insiste en la necesidad de establecer mecanismos coordinados y permanentes de supervisión sobre las lanchas que transportan migrantes. Plantea inspecciones técnicas previas al zarpe, comprobación del estado estructural y mecánico de las lanchas, verificación del aforo autorizado y disponibilidad adecuada de equipos de seguridad.

Además, sostienen que ningún viaje debería autorizarse sin una verificación previa del clima y que debe prohibirse el zarpe cuando existan alertas o riesgos evidentes. También sugieren implementar un sistema de registro de pasajeros con información esencial, cuyos datos puedan ser consultados por instancias oficiales y humanitarias en caso de contingencia.

Transparencia y compromiso humanitario

La red Clamor capítulo Panamá exhorta a que se informe de manera oficial y periódica sobre las medidas adoptadas y los hallazgos de las supervisiones realizadas, como paso esencial para recuperar la confianza de las comunidades del litoral.

En otro apartado de la carta, dirigen un llamado directo a quienes operan las embarcaciones, recordándoles que transportar migrantes no es solo una actividad comercial, sino una responsabilidad moral y jurídica. “La negligencia en estas prácticas puede costar vidas y acarrear consecuencias legales”, agrega el documento e insta a no zarpar cuando el clima sea desfavorable, mantener comunicación constante y responder con rapidez ante situaciones de riesgo.

La carta cierra con una invitación a sumar esfuerzos entre instituciones y comunidades para construir una respuesta integral que combine vigilancia, prevención y asistencia solidaria. “La protección de la vida y la dignidad de las personas migrantes debe ser una prioridad compartida”, concluye la nota.

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