Este martes 09 de julio, durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas (Clamor), tuvo una intervención en la persona de Víctor Genina, como miembro de la Comisión de Incidencia.
El representante, quien también es coordinador de Incidencia del Secretariado de Cáritas América Latina y el Caribe (SELACC), inició su presentación agradeciendo este espacio cedido a la red Clamor y expuso el trabajo humanitario que desde la red se realiza en Latinoamérica y Caribe, en atención y protección a la población en situación de movilidad humana.
Teniendo presente que fue un espacio virtual, donde se abordó el tema de la protección de los derechos de las personas refugiadas a 40 años de la Declaración de Cartagena, el ejecutivo expuso algunos hechos particulares que preocupan con respecto a esta problemática migratoria e hizo algunas recomendaciones para el Plan de Acción de Chile.
Sigue flagelo contra población migrante y refugiada
Señaló que, por la falta de capacidad institucional y de voluntad política por parte de los estados para cumplir con sus compromisos internacionales en materia de protección, las tasas de reconocimiento de la condición de refugiado en la región no reflejan la realidad de este fenómeno. Así también, indicó que la no implementación de los marcos legales, se traduce en forzar a las personas a vivir en la irregularidad, especialmente al carecer de permisos de trabajo y acceso a servicios, llevando con esto a la explotación, trata o migración a otros países.
Por otro lado, observó que, los efectos nocivos del cambio climático y los desastres, causados o agravados por seres humanos, sea por actividades extractivistas, sobrexplotación de recursos naturales o deforestación, están llevando al incremento del desplazamiento forzado en toda la región.
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Recomendaciones de la Red Clamor
En este sentido aseguró que, desde la Red Clamor se hace presente con algunas recomendaciones para que sean analizadas y tenidas en cuenta en beneficio de toda la población migrante y refugiada.
1. Partir de un enfoque de derechos humanos, basado en el principio pro persona, para que el núcleo del Plan de Acción sea la protección efectiva de los derechos de las personas y se garantice el respeto pleno del principio de no devolución.
2. Rechazar los enfoques centrados en seguridad y contención para evitar la criminalización de las personas, así como la militarización y externalización de las fronteras.
3. Expresar voluntad política en la plena aplicación de los marcos legales sobre refugio y fortalecer las instituciones encargadas del reconocimiento de la condición de refugiado, dotándolas de recursos humanos y financieros suficientes.
4. Implementar políticas de integración efectivas y diseñadas a partir de las necesidades de la población interesada, simplificando los procedimientos administrativos.
5. Garantizar que las personas desplazadas por efectos del cambio climático y los desastres reciban protección internacional, así como garantizar la seguridad de los defensores ambientales.
6. Garantizar que las personas desplazadas y refugiadas, la sociedad civil y la academia, entre otros actores, participen en los procesos de consulta, negociación, implementación y monitoreo del Plan de Acción.
7. Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo de la implementación de los compromisos asumidos en el Plan de Acción, incluyendo el diseño de indicadores, contando también con la efectiva participación de todos los actores relevantes.
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