La Red Iglesias y Minería ha denunciado la detención arbitraria de los líderes ambientales en El Salvador, que se han opuesto al proyecto de minería, que por vía legal pretende imponer el Gobierno nacional.
La entidad continental, que agrupa a instituciones eclesiales y comunidades de fe, ha expresado su condena y preocupación por “la criminalización, persecución y encarcelamiento que sufren los defensores del agua y de la naturaleza en el hermano país El Salvador. La red exige la libertad inmediata de los líderes de Santa Marta y de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES)”.
También advierten de “la intolerancia, el autoritarismo y el incremento peligroso de la represión que el gobierno del presidente Nayib Bukele implementa en contra de líderes ambientalistas”.
Crónica de la represión
Los integrantes de esta red eclesial han relatado que “desde el 5 de enero de este año, permanecen detenidos 5 líderes comunitarios que junto a sus comunidades se oponen a un proyecto minero, amparados en la ley que prohíbe la minería metálica en este país. Este acto arbitrario e ilegal, condenado nacional e internacionalmente, lamentablemente no es el único”.
Pero la gota que derramó el vaso, fue la captura arbitraria de Manuel Gámez Morales, hijo de la defensora del medio ambiente Vidalina Morales, el pasado 17 de mayo de 2023, operativo que se “da en el marco del régimen de excepción y se suma a los diferentes ataques que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos y sus familias”.
La Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor, también ha expresado su preocupación por la retención de Gámez como por las de los líderes ambientalistas en Santa Marta.
El régimen de excepción fue una medida implementada entre el poder ejecutivo y legislativo en marzo de 2022 con el que han declarado un guerra a las maras (bandas criminales), frente al aumento de los índices de violencia y que ha sido prorrogada en varias ocasiones.
No obstante, han metido a muchos inocentes en el mismo saco, por ello, la Red de Iglesias y Minería pidió “al gobierno salvadoreño a cesar este tipo de represión a quienes defienden los derechos de la naturaleza y los derechos de las comunidades a vivir en un ambiente sano y saludable”.
Reiteran su llamado a las organizaciones y movimientos sociales y a la comunidad internacional a sumarse a la campaña por la liberación de los ambientalistas salvadoreños para que “Santa Marta sienta nuestra solidaridad, que siga firme en la defensa del agua y de la vida”.
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