Tras la celebración de la Cumbre de países amazónicos, en Belém, estado de Pará (Brasil), del 8 al 9 de agosto, donde ha participado Delcy Eloína Rodríguez, líder chavista quien funge como vicepresidenta de Venezuela, la Red Eclesial Panamazónica (Repam) y organizaciones sociales han expresado su preocupación por la situación de la Amazonía en este país.
“Podemos afirmar que hoy por hoy la Amazonía venezolana se encuentra bajo una enorme presión climática, que es al mismo tiempo, social, ecológica y económica que pone en peligro la vida”, han expresado.
La Amazonía venezolana comprende cuatro estados: Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y Apure y, según las organizaciones, “se encuentran en una alta vulnerabilidad que afecta directamente la vida de enormes ecosistemas cuyas consecuencias son impredecibles, y sobre los cuales es preciso conocer a profundidad para generar decisiones muy firmes que amparadas en una ética del cuidado sean capaces de frenar todas estas situaciones que en algunos casos ya son cruciales”.
Una grave situación en esta región – comparable con la explotación de caucho a finales del siglo XIX y principios del XX – se ha dado principalmente por la incongruencia en las acciones del gobierno venezolano, que viola la constitución nacional en materia de derechos de pueblos indígenas.
Frustración de los pueblos indígenas
Mientras Delcy Eloína posa para las cámaras en la Cumbre brasileña, los indígenas venezolanos viven en el olvido con el gobierno bolivariano, “casi 24 años después del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, la frustración es enorme”, señalan Repam Venezuela y las organizaciones sociales.
En primer lugar, las demarcaciones y titulaciones de tierras indígenas han sido “fraccionadas solo a algunas comunidades indígenas, desconociendo las solicitudes que han hecho en el ejercicio pleno de sus derechos constitucionalmente establecidos”.
“A pesar de los muchos esfuerzos, no se ha adjudicado en estas dos décadas ni un solo centímetro de tierra a los pueblos indígenas venezolanos y en la mayoría de los proyectos que se han desarrollado en dichos territorios no ha habido la consulta previa prevista por la ley”, denuncian.
El proceso de la política de cooptación “ha generado divisiones en las comunidades indígenas muchas de las cuales, debido a la enorme pobreza se ven obligados a plegarse a las acciones de los poderosos convocantes”.
En medio de la crisis humanitaria compleja que asola al país “algunas comunidades están divididas en torno al asunto minero, la gran mayoría está consciente y en contra del mismo, solo que no tienen los mecanismos para una lucha pacífica en ejercicio de sus derechos políticos ante la represión, militarización y violencias territoriales que se despliegan en la Amazonía venezolana”.
Salud y educación en riesgo
A este problema se le suma la salud y la educación. Por un lado lamentan que la salud en la Amazonía venezolana es de “una enorme precariedad, pues no existen políticas públicas que proporcionen una cobertura mínima del territorio”.
Las enfermedades endémicas “vuelven a estar a la orden del día, la morbilidad y mortalidad aumenta, debido sobre todo a la falta de acceso a los servicios básicos de salud en toda la región. A esto se suma el incremento de enfermedades en los últimos años asociadas a la actividad de la minería”.
Mientras que la situación de la educación es también muy grave. Las escuelas han tenido que reducir sus jornadas y capacidad de atención, de hecho, “obras emblemáticas de la educación católica, aliadas históricamente a los pueblos indígenas, se han visto imposibilitadas a mantener sus programas educativos por la carencia de salarios dignos, materiales, infraestructura y la diáspora de personal capacitado”.
Destrucción inminente
El peor de todos los males: la minería ilegal, cuya peor cara se muestra en la puesta en marcha del Arco Minero del Orinoco (AMO) a cargo del líder chavista Nicolás Maduro, lo que “ha significado la dramática aceleración de la destrucción de enormes territorios entregados a la voracidad extrema de grupos sin ningún escrúpulo”.
“La minería se está desarrollando en la Amazonía venezolana sin ningún control ni orden, es un territorio sin ley donde solo prevalece la lógica del más fuerte, donde campea la violencia y el desorden”, añaden.
También han advertido que “la destrucción del medio ambiente es la primera gran consecuencia que está a la vista y que en diferentes informes se da cuenta de ello. Por ejemplo, se reporta que entre 2016 y 2020 se perdieron más de 140.000 hectáreas de bosques primarios en la Amazonía venezolana”.
Todas estas situaciones han desencadenado diversas formas de violencia nunca antes vistas entre los pueblos indígenas: “Existen enfrentamientos casi constantes en la región amazónica con la consecuente cifras de heridos, muertos y desaparecidos hechos que cada día parece ir en aumento”.
Incluso, la presión sobre los líderes indígenas “es enorme y su situación se ha vuelto cada vez más vulnerable debido a los poderosos encargados de las explotaciones mineras, muchos de ellos son detenidos, amedrentados en público y en privados e incluso asesinados”.
Detener la minería
Por ahora, la Repam Venezuela y organizaciones sociales piden a la cumbre de Presidentes de la Amazonía – en especial al Gobierno de Venezuela – “se cumplan con las leyes y tratados que rigen a toda la Amazonía y que los pueblos puedan continuar con sus modos de vida asociados al cuidado de los bosques y que sus derechos sean garantizados, de manera que la enorme presión a la que son sometidos pueda verse controlada”.
También piden que se detengan “todas las actividades de explotación y destrucción ambiental que se están desarrollando en la zona, producto de la falta de planes y de la aplicación de las leyes”.
“Demandamos la reparación inmediata de los daños causados hasta ahora frente al extractivismo depredador en la Amazonía venezolana. Urgimos al Estado venezolano a tomar medidas de protección y ordenación territorial”, han dicho.
Todo ello, atendiendo el llamado del Papa y la Iglesia, de promover el cuidado de la casa común “no como un mero activismo, sino, como un estilo de vida, asumiendo la tarea de ser custodios de la Creación de Dios y de su pueblo que gime por las nefastas consecuencias de la explotación de los bienes naturales, provocando así una crisis socio-ambiental”.
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