Tras 18 días de angustia e incertidumbre, el niño Lyan José Hortúa, secuestrado el pasado 3 de mayo en el corregimiento de Potrerito, municipio de Jamundí, suroeste de Colombia, –al parecer el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc– fue finalmente liberado este martes 21 de mayo.
Su liberación ocurrió en la zona de Timba, ubicada entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. La noticia fue motivo de tranquilidad no solo a su familia, sino también a toda la comunidad vallecaucana, quienes, desde su secuestro empezaron a vivir jornadas de oración y movilizaciones, clamando por su pronto regreso.
La Iglesia como mediadora y voz de esperanza
Desde el secuestro del menor, la arquidiócesis de Cali se ofreció para acompañar a la familia del menor y participó activamente en los esfuerzos de mediación para su liberación, echo que hoy termina felizmente con el retorno de Lyan a su hogar y en buen estado de salud.
El propio arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, expresó su agradecimiento a quienes hicieron posible la liberación del niño, entre ellos, las autoridades locales y la Misión de Verificación de la ONU. En un comunicado oficial, el prelado manifestó: “Doy gracias a Dios por la liberación del niño Lyan José […] Imploramos que acciones de esta naturaleza terminen, así como los atentados que solo dejan tristeza y destrucción”.
Un llamado firme a la paz y la convivencia
El arzobispo, además de celebrar la buena noticia, también reiteró la postura de la Iglesia frente a la violencia que afecta a muchas comunidades del suroccidente colombiano. “Como Iglesia reiteramos el llamado a la paz y a la sana convivencia”, expresó, haciendo eco de una exigencia social cada vez más urgente en regiones golpeadas por el conflicto armado, el narcotráfico y el crimen organizado.
La liberación se da pocos días antes del cumpleaños número doce del menor, lo que convierte esta fecha en una ocasión aún más significativa para su familia. Mientras se restablece en compañía de sus seres queridos, la comunidad espera que este sea un paso hacia el cese de este tipo de acciones que violan los derechos humanos de los menores, dejando con ellos profundas huellas en la infancia y en el tejido social.
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