ADN Celam

La Comisión de Ecología Integral de Latinoamérica y el Caribe (Ceilac), adscrita al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam), ha manifestado su solidaridad con la lucha de las comunidades afectadas por las actividades mineras de la empresa Barrick Gold, en la provincia Sánchez Ramírez, República Dominicana.

En un comunicado emitido el 9 de enero, la institución reprobó los actos de represión que dejaron como saldo varios defensores comunitarios detenidos y otros heridos entre ellos dos sacerdotes y laicos comprometidos con la defensa del medio ambiente y los derechos humanos.

Según reportes, en la madrugada del 8 de enero, llegaron militares y policías, irrumpiendo en las comunidades de El Naranjo, Tres Bocas, Las Lajas, El Higo y Arroyo Vuelta. Despliegue que, estaba preparado para imponer la construcción de una presa de relave para la mina Barrick Pueblo Viejo, causando esto una brutal represión y creando un estado de incertidumbre y violencia generalizada en las comunidades. Se indica, que el objetivo de esta represión es despojar a los campesinos de sus tierras y callar su oposición a las actividades extractivas de la minera.

Temor de un derramamiento de sangre

Según señala la Ceilac, el sacerdote Jhony Durán advirtió sobre un posible incremento de la violencia. “La situación es grave… se espera que en minutos empiece el avasallamiento de las comunidades y se provoque un derramamiento de sangre comunitaria”. Las comunidades, sin embargo, continúan firmes en su resistencia y exigen que el Estado respete sus derechos.

Asimismo, indican que el padre Jesús María «Ruddy» Lora, S.J., denunció la falta de acción del gobierno, calificándolo de “Estado paralelo” al servicio de Barrick Gold. “La gente está súper indignada. Está abierta al diálogo, pero no es escuchada”, indicó. Por su parte, el obispo local y sacerdotes del Centro Montalvo permanecen como mediadores y observadores en las comunidades afectadas.

Llamado a la acción y a la solidaridad

La Comisión de Ecología Integral de Latinoamérica y el Caribe, se une al llamado de las comunidades y exige el cese inmediato de las agresiones, el retiro de las tropas militares y el respeto a los derechos humanos. También insta a un diálogo inclusivo y justo que contemple las demandas de las comunidades campesinas.

La Ceilac aseguró que la lucha en Cotuí, refleja la resistencia de los pueblos frente al extractivismo, una actividad que, según el Congreso, requiere de vastos recursos naturales, causando graves daños ambientales y sociales. “Las comunidades tienen derecho a vivir en paz y proteger sus tierras de proyectos que amenazan su subsistencia”, afirmó el organismo.

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