El 9 de enero de 2024 comenzó una de las peores crisis de la historia en Ecuador cuando las mafias declararon una guerra al Estado. Eso llevó al Gobierno a decretar un estado de excepción y un conflicto armado interno.
Cáritas Ecuador ha presentado un primer balance de la situación. Indicaron que las provincias de mayor intensidad de la violencia son Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro y Pichincha.
En Guayaquil, se han registrado 11 muertes violentas, mientras que en Esmeraldas, ocho vehículos fueron incendiados intencionalmente en estaciones de servicio y en la carretera E–15 sur Esmeraldas – Atacames y en diferentes sectores del centro y en barrios de la ciudad.
Hubo una persona que murió incinerada y se reportaron al menos seis amenazas de artefactos explosivos en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo uno muy cerca de la Plaza Cívica y en las calles México y Mejía en la capital Quito. En medio de esta violencia, las fuerzas militares patrullaron constantemente las calles de la ciudad.
Quito, Esmeraldas, Guayaquil y Cuenca fueron las ciudades, donde se evidenciaron un alto número de actos delictivos, entre enfrentamientos y colocación de artefactos explosivos.
Sobre los centros penitenciarios han mencionado que 49 funcionarios en la cárcel de Cotopaxi fueron retenidos y se produjo la fuga de 39 privados de libertad en la cárcel de Chimborazo. En Esmeraldas, hay 14 retenidos entre guardias penitenciarias y administrativos. Al momento, de esta noticia las autoridades informaron que tienen control de siete de los ocho centros tomados.
Impactos del conflicto
Cáritas advierte que el desplazamiento interno forzado – ya desde varios meses – se incrementará con esta crisis, esto expondrá a las personas en movilidad forzada a condiciones precarias y el riesgo de abusos y violencia.
También se ha disparado la extorsión a comerciantes sobre todo en las provincias costeras. Una práctica ilícita que se ha venido ejerciendo en los últimos años y que forma parte del accionar de estos grupos delictivos, ahora declarados por el Estado como grupos terroristas.
Temen que este clima de conflictividad propicie violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra, porque en contexto así “se pueden cometer violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de guerra, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y ataques contra civiles”.
Además apuntaron que están presentes diversos riesgos como la polarización social, problemas de salud mental, debilitamiento de la gobernabilidad e impacto en la economía.
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