“Ecuador sufre una grave infiltración de estructuras y economías criminales en todos los niveles del poder público y privado”. Así ha planteado Fernando Ponce León, rector de la Pontificia Universidad del Ecuador (PUCE), frente a la actual crisis que enfrenta el país.
Desde esta casa de estudio han condenado “de manera frontal” la violencia que las bandas criminales han querido imponer a la ciudadanía, al tiempo que respaldan las decisiones que el Gobierno tome “en el marco del Estado de derecho” para disminuir la violencia y proteger a la población.
No obstante, han recordado que el abandono histórico y sistemático por parte del Estado de las provincias más afectadas por la violencia “tiene raíces en niveles endémicos de corrupción y negligencia estatal”.
Se han solidarizado con las víctimas del conflicto y han instado al Gobierno a proteger a “todos los ciudadanos”, en especial, a los más vulnerables y abandonados.
1. Fortalecer la institucionalidad
Para la PUCE “es crucial fortalecer la institucionalidad estatal, junto con los controles jurídicos y de inteligencia financiera y de otras áreas”.
Esta lucha contra las estructuras criminales “debe basarse en investigaciones meticulosas, procesos judiciales eficientes y una cooperación interinstitucional nacional e internacional sólida que fortalezcan la seguridad y el Estado de derecho”.
2.- Profesionalizar a los cuerpos de seguridad
En la actual coyuntura, las fuerzas de seguridad del Estado deben garantizar la defensa y protección de todos los ciudadanos, bajo “los estándares de derechos humanos y de derecho internacional humanitario”.
Por lo que “es imperativo profesionalizar y dignificar la labor de los cuerpos de seguridad del Estado”, en este caso, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y guías penitenciarios.
Todos ellos “son los funcionarios más expuestos a la violencia, por lo que requieren formación integral, financiamiento, equipamiento y apoyo adecuados para cumplir sus funciones de manera efectiva y segura”.
3.- Control de las cárceles
Es un problema que viene golpeando desde hace varios años y que en los actuales momentos se ha recrudecido, por eso, “reimponer el control efectivo en las cárceles es otra medida urgente”.
Ello implica una revisión integral del sistema penitenciario, “desde la detención de un individuo hasta su reinserción en la sociedad, tras cumplir su condena, y no debe limitarse al control del perímetro penitenciario”. Una política que “debe alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos”.
4.- Combatir la corrupción
Como dice el Papa Francisco, la corrupción es uno de los peores pecados en la Iglesia y en la sociedad. En el caso de Ecuador, no es la excepción. Aquí los jueces, fiscales y defensores públicos tienen un rol importante.
Desde la PUCE plantean que “por ser actores gravitantes para resolver este conflicto” los funcionarios que imparten justicia deben aplicar la ley de forma clara, con controles institucionales. También todos los ciudadanos deben estar dispuestos a impedir la corrupción y, por supuesto, el Estado debe garantizar a protección de funcionarios del sistema de justicia y penitenciario.
5.- Vencer la desinformación
En medio de estos escenarios de alta conflictividad e incertidumbre, las ‘fakenews’ están a la orden del día. De allí que “la desinformación es otra amenaza, ya que posiciona una narrativa alarmista y violenta.”
Por tanto, resulta indispensable que todos los ecuatorianos se comprometan a verificar la información y evitar difundir noticias falsas o manipuladas para asegurar “un ambiente informado y responsable”.
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