La persistencia de la violencia en el Catatumbo, nororiente de Colombia, llevó a la Iglesia católica a ofrecer una voz de rechazo y llamado contundente al Gobierno nacional y a los actores armados ilegales, se dio tras los hechos ocurridos durante la Navidad que pusieron en riesgo a miles de familias rurales de Santander.
En el marco de la Jornada Mundial de la Paz, Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones entre la Iglesia y Estado, del episcopado colombiano, expuso la gravedad de la situación para la población civil que está huyendo de sus territorios por miedo y llamó a garantizar el respeto de los principios humanitarios. Añadió que la crisis no distingue entre civiles y trabajadores sociales, dejando expuestos a docentes, personal humanitario y líderes comunitarios.
Protección a civiles y misiones humanitarias
La Iglesia católica reiteró que los espacios amparados por el derecho humanitario —escuelas, iglesias y espacios comunitarios— deben ser respetados y no deben verse afectados por la confrontación armada. Monseñor Henao señaló que estos ambientes deben permanecer al margen del conflicto, dado su valor social y humanitario para las comunidades.
El delegado de la Iglesia, hizo un llamado urgente para que se garantice el acceso seguro de ayudas humanitarias y de la asistencia estatal, para poder garantizar la atención a las comunidades afectadas por desplazamientos, confinamientos y escasez de alimentos y atención médica.
El diálogo como salida al conflicto
El pronunciamiento de la Iglesia colombiana, se dio con un llamado al diálogo para buscar salidas a la crisis humanitaria de los territorios de mayor afectación. También se dirigió al Gobierno del presidente Gustavo Petro, al ELN y a las disidencias de las antiguas Farc a encaminar esfuerzos hacia soluciones pacíficas que protejan a la población civil.
Monseñor Henao Gaviria, afirmó que la solidaridad nacional cumple un papel primordial para enfrentar la crisis en el Catatumbo, recordando que la atención de la emergencia requiere el compromiso del conjunto del país y no solo de las comunidades afectadas.
Una crisis que se profundiza
La advertencia de la Iglesia católica se da en un momento donde organismos humanitarios dan reporte sobre el desplazamiento en las últimas semanas, de al menos 250 personas y la amenaza de confinamiento para unas 6.000, tras recientes enfrentamientos armados entre grupos ilegales en el municipio de Tibú.
De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados, la continuidad de las hostilidades podría llevar a un aumento significativo del número de víctimas, si el Estado no adopta medidas urgentes de protección y asistencia. Informes humanitarios dan cuenta que en 2025 alrededor de 200.000 habitantes del Catatumbo han sufrido directamente los efectos de la violencia armada.
Monseñor Henao ratificó la cercanía de la Iglesia con las víctimas y pidió que se creen condiciones reales para que las familias puedan retomar una vida cotidiana en paz. La oración por el Catatumbo, dijo, va acompañada de una exigencia clara: garantías efectivas para la vida, la dignidad y el desarrollo integral de una región golpeada por décadas de conflicto.
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