En un comunicado conjunto, la Pastoral de la Tierra Nacional y la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Remam), capítulo Guatemala, denunciaron este 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, la crítica situación ambiental y la desigualdad territorial que se vive en esta nación centroamericana.
Las organizaciones exigieron políticas que protejan la biodiversidad y el derecho campesino, porque l”a concentración de tierras en pocas manos impide el desarrollo social”.
Denunciaron que la estructura agraria del país no ha cambiado significativamente en los últimos 50 años, “la cuestión de la tierra es un factor crítico y estructural vinculado a la desigualdad”, señalaron.
Monocultivos y desigualdad
Esta postura coincide con el Año Jubilar Franciscano, que celebra los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís. El discurso vincula la crisis ambiental con la necesidad de una fraternidad cósmica que respete a la “Madre Tierra”.
La expansión de la palma aceitera, la caña de azúcar y la ganadería extensiva provoca deforestación acelerada en diversas regiones. Estas actividades económicas priorizan fines industriales sobre la soberanía alimentaria de los pueblos.
“Este logro ha sido insuficiente ante la magnitud de la demanda”, afirmaron respecto a los limitados créditos otorgados por el Fondo de Tierras. El acceso sigue siendo desigual, excluyendo históricamente a las mujeres de la propiedad.
Las estadísticas revelan que el 87 % de los beneficiarios de créditos de tierras han sido hombres. Solo el 13 % de las mujeres rurales lograron acceder a estos beneficios durante el año 2022.
Además, el Registro de Información Catastral impone mecanismos individuales que dañan la propiedad colectiva indígena. En 17 años, apenas 20 comunidades obtuvieron la declaratoria oficial de tierras comunales.
Cese a la criminalización
La conflictividad agraria ha escalado tras el cierre de la Secretaría de Asuntos Agrarios en el año 2020. Actualmente, existen más de 1.500 conflictos territoriales activos sin una mediación institucional efectiva.
“Demandamos el fin de la persecución penal contra líderes campesinos y autoridades indígenas”, sentenciaron las organizaciones al mismo tiempo que piden sustituir la violencia por diálogos vinculantes y soluciones pacíficas.
La carencia de una legislación agraria facilita la impunidad en los desalojos y la violación de derechos. El Estado mantiene pendiente la creación de un Código Agrario y juzgados especializados.
“Es imperativo contar con un marco legal que garantice seguridad jurídica”, enfatizaron. La falta de tribunales y fiscalías agrarias agrava la vulnerabilidad de las familias campesinas.
Conversión ecológica y el bien común
Desde la enseñanza social de la Iglesia, el pronunciamiento recuerda que la tierra está gravemente contaminada por residuos tóxicos. La encíclica Laudato si’ sirve como base ética para exigir un cambio de modelo.
“El desarrollo económico no puede ser a costa del aire, el agua y el suelo”, advirtieron, puesto que cualquier avance debe responder al bien común y proteger la vida de futuras generaciones.
La propuesta integra la justicia social escuchando simultáneamente el clamor de la tierra y de los pobres. Se exhorta al sector privado a detener la deforestación y asumir responsabilidad ambiental.
“Impulsar una conversión ecológica personal y comunitaria que implique un cambio de estilo de vida”, exhortaron. El llamado concluye que el cuidado de la casa común es un proyecto global inaplazable.
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