A finales de abril de 2026, representantes de Iglesias e inversores basados en la fe se reunieron en la diócesis de Innsbruck, en Austria, para participar en la Segunda Conferencia de Inversores Eclesiales, un espacio de reflexión sobre ética, finanzas y responsabilidad social. En este contexto, la Red Iglesias y Minería llevó la voz de las comunidades afectadas por el extractivismo en América Latina, planteando cuestionamientos de fondo sobre el papel de las empresas, las inversiones y las propias Iglesias.
Con más de dos décadas de trabajo en Brasil, el misionero comboniano Dário Bossi compartió una mirada centrada en los impactos de la minería, ampliamente documentados, y en la conducta empresarial y la urgencia de asumir responsabilidades reales frente a las comunidades.
Tragedias que se repiten y responsabilidades ocultas
El punto de partida fueron los desastres ocurridos en Mariana (2015) y Brumadinho (2019), ambos vinculados a la empresa Vale. En total, 291 personas perdieron la vida y vastos territorios quedaron devastados.
Aunque tras el primer desastre se difundió el lema “Mariana Nunca Más”, la tragedia de Brumadinho evidenció que “no solo no se habían aprendido las lecciones, sino que además se habían ocultado responsabilidades graves”. Auditorías manipuladas, informes engañosos y omisiones críticas revelan un patrón alarmante: la priorización de la rentabilidad sobre la vida.
Más preocupante aún, las actividades extractivas continúan en los mismos territorios, prolongando el riesgo y el sufrimiento de las comunidades.
La violencia invisible del extractivismo
Más allá de los grandes desastres, la Red Iglesias y Minería alertó sobre una violencia menos visible pero constante. En regiones como Carajás, en la Amazonía brasileña, las comunidades enfrentan contaminación, deterioro de la salud y pérdida de medios de vida.
Se trata de una “violencia homeopática”, silenciosa y persistente, manifiesta la Red. Esta realidad se agrava con la expansión minera impulsada por la transición energética global. Solo en la Amazonía brasileña existen alrededor de 1.300 solicitudes mineras en territorios indígenas, lo que incrementa conflictos, militarización y disputas por el control de los recursos.
Frente a este panorama, la Red Iglesias y Minería continúa estando cerca de las víctimas y fortaleciendo sus procesos organizativos. Entre los logros destacados se encuentra la aprobación de la ley “Mar de Lodo Nunca Más” en Minas Gerais, que endurece las normas de seguridad minera. Sin embargo, más allá de los avances legales, el énfasis está en la cercanía con las comunidades y en la defensa de su dignidad. “Los procesos de diálogo con las empresas suelen ser frágiles o manipuladores”, advierten, subrayando la necesidad de una vigilancia crítica constante.
De actores financieros a corresponsables éticos
El encuentro planteó el rol de los inversores. “Los inversores no son actores neutrales”, se dijo. Al financiar empresas extractivas, se vuelven corresponsables de los daños generados.
Un ejemplo fue la decisión de la Iglesia de Inglaterra de desinvertir en Vale tras el desastre de Brumadinho. En la misma línea, la Conferencia Episcopal de Austria publicó directrices que excluyen inversiones en minería de oro, reconociendo sus impactos negativos.
Asimismo, crece la preocupación por el fenómeno del “faith-washing”, mediante el cual empresas buscan legitimarse a través de vínculos con instituciones religiosas. Ante esto, la Red mantiene una postura: no aceptar financiamiento de empresas mineras.
Cambio radical y discernimiento
Inspirados en la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco y en las recientes advertencias del Papa León XIV, los participantes coincidieron en que la crisis ecológica exige una transformación estructural. “No basta con equilibrar protección ambiental y beneficio económico”, se subrayó. Se requiere una “valiente revolución cultural” que cuestione el paradigma extractivista basado en la acumulación y la desigualdad.
Para las Iglesias, este momento representa un desafío ético ineludible: tomar posición clara frente a un modelo que genera muerte y exclusión. La experiencia de las comunidades latinoamericanas demuestra que “otro camino no solo es necesario, sino que ya está siendo vivido”, en la resistencia, la solidaridad y la defensa de la vida.
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