La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y las Provincias expresaron su preocupación por la escalada de conflictividad social registrada en la carretera La Paz–Oruro y en parte de la ciudad de El Alto, donde se produjeron enfrentamientos entre sectores movilizados, efectivos policiales y militares.
En un pronunciamiento conjunto difundido este 24 de mayo de 2026, las instituciones señalaron que en la jornada del día anterior se vivieron hechos de violencia que afectaron la integridad de las personas y generaron incertidumbre, malestar y preocupación en la población que no forma parte del conflicto.
Advirtieron que la prolongación de estos hechos durante los últimos días ha impactado de manera significativa en la convivencia social.
“Cese inmediato de toda acción violenta”
El pronunciamiento hace referencia a las afectaciones provocadas por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Las instituciones exhortaron al “cese inmediato de toda acción violenta” y demandaron el “esclarecimiento urgente, independiente y transparente de los hechos ocurridos”, especialmente aquellos relacionados con personas heridas, un fallecido y denuncias de vulneraciones a los derechos humanos.
El pronunciamiento lamenta además que hasta el momento no se haya concretado un diálogo entre las partes en conflicto: “Lamentamos que el diálogo no se haya concretado hasta ahora, situación que evidencia la necesidad urgente de restablecer condiciones efectivas para la comunicación entre las partes en conflicto, con voluntad real de bajar la tensión y búsqueda de soluciones mediante mecanismos pacíficos”.
En esa línea, reiteraron su exhortación a los actores involucrados para concretar espacios de “Diálogo por el bien común”, evitando acciones que profundicen la confrontación o pongan en riesgo la vida y la integridad de la población.
La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y las Provincias informaron también que continuarán realizando acercamientos con los distintos sectores movilizados y con el Gobierno, con el propósito de contribuir al restablecimiento de canales de comunicación, la reducción de la violencia y la generación de condiciones mínimas de entendimiento. Y recordaron que “la prioridad en este momento debe ser la protección de la vida, la integridad y la paz social de la población boliviana”.
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