El Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, Colombia, acogió la inauguración de la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Gobierno colombiano. Delegaciones de más de cien países y cerca de 1.500 participantes se reunieron para analizar los desafíos que, veinte años después de la cumbre de Porto Alegre, continúan marcando la realidad del mundo rural.
En medio de las discusiones sobre acceso equitativo a la tierra, productividad y sostenibilidad, la Iglesia Católica hizo sentir su presencia con una delegación que no solo participa en el plano diplomático, sino que lleva consigo testimonios y procesos construidos junto a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de distintos continentes.
Una delegación con experiencia en territorio
La representación vaticana está encabezada por monseñor Paolo Rudelli, observador permanente ante la FAO. Junto a él intervienen referentes pastorales de América Latina y África, entre ellos monseñor Juan Carlos Barreto, presidente de la Comisión de Pastoral Social – Cáritas Colombiana, y el reverendo Uchechukwu Obodoechina, de Ghana.
Su participación no se limita a la asistencia protocolaria. Durante las jornadas de trabajo, organismos eclesiales como el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), Cáritas Colombiana y la red internacional CIDSE intervienen en paneles sobre gobernanza territorial, agroecología y seguridad alimentaria. El enfoque que presentan articula fe y políticas públicas, con énfasis en la defensa de quienes trabajan la tierra y la protección de la casa común.
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- Foto: Pastoral Social – Cáritas Colombiana
Reforma integral y desafíos estructurales
La postura eclesial hunde sus raíces en la tradición social de la Iglesia, que desde el siglo pasado ha advertido sobre la marginación del sector agrario. Hoy, ese diagnóstico se actualiza ante fenómenos como la concentración de la propiedad, el avance de economías extractivas y el debilitamiento de la agricultura familiar.
La Iglesia propone incluir acceso a crédito, asistencia técnica, infraestructura, protección social frente a riesgos climáticos y reconocimiento jurídico de formas colectivas de tenencia. De igual forma insiste también en la urgencia de generar condiciones para que los jóvenes encuentren oportunidades en el campo y no se vean forzados a migrar por falta de empleo o violencia.
Paz, transición energética y esperanza
En el caso colombiano, la relación entre tierra y conflicto armado atraviesa buena parte del debate. La Iglesia subraya que cualquier política rural debe evitar nuevas formas de despojo y garantizar reparación efectiva a las víctimas. La restitución, la titulación colectiva y la innovación tecnológica aparecen como pasos necesarios dentro de un proceso más amplio de justicia territorial.
Asimismo, la transición energética plantea interrogantes sobre el uso del suelo. Proyectos de energías renovables o biocombustibles no deberían reproducir exclusiones históricas. Para la delegación eclesial, el horizonte es claro: una reforma que reconozca a campesinos y comunidades como custodios de la creación y protagonistas de un desarrollo verdaderamente humano.
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