En un contexto de tensiones socioambientales y la creciente presión del extractivismo, los días 25 y 26 de abril se realizó una réplica de la Escuela para la Promoción, Defensa y Exigibilidad de los Derechos Humanos en la comunidad nativa de Santa Teresita, ubicada en la provincia de Puerto Inca, en la Amazonía peruana.
La iniciativa fue impulsada por la Red Eclesial Panamazónica y contó con la participación de aproximadamente 30 personas de la comunidad. La actividad fue liderada por el apu Fernando Carpio Amaringo, presidente de la Federación de las Comunidades Nativas de Puerto Inca (Feconapia), con el acompañamiento de la hermana Ana María Palomino, vicepresidenta de la Repam.
Territorio en resistencia
Santa Teresita se ha convertido en un símbolo de resistencia frente al avance de la minería en la región. Esta actividad extractiva ya ha generado impactos en la provincia de Puerto Inca, incluyendo la contaminación del río Pintuyacu, afectando directamente las condiciones de vida de las comunidades.
La situación se agrava en un corredor territorial que conecta los departamentos de Huánuco y Ucayali, donde muchas comunidades ven vulnerado su derecho fundamental al acceso a agua segura.
La expansión minera no solo transforma las dinámicas económicas, sino que también condiciona la vida de los habitantes, quienes en muchos casos se ven forzados a integrarse en esta actividad ante la falta de alternativas sostenibles.
Abandono estatal y crisis socioambiental
Los participantes del encuentro señalaron que la comunidad enfrenta un abandono persistente por parte del Estado, reflejado en la ausencia de políticas públicas efectivas y proyectos productivos sostenibles. Esta carencia genera un escenario de precariedad económica que impulsa a jóvenes y adultos a involucrarse en la cadena de explotación minera.
Uno de los factores que agrava esta situación es la diferencia en los ingresos: las labores de buceo para la extracción de oro pueden generar ingresos diarios hasta un 500% superiores a los obtenidos en actividades agrícolas. Esta realidad favorece el “facilismo económico” y debilita la conciencia territorial, impactando negativamente en la cohesión comunitaria.
Asimismo, la falta de articulación entre las instituciones presentes en la zona ha debilitado la gobernanza territorial, facilitando la instalación de dragas en las riberas del río Pachitea. Estas prácticas generan erosión, afectan los ecosistemas y ponen en riesgo el equilibrio biológico del territorio.
Derechos vulnerados
Durante la réplica de la escuela, la comunidad identificó que uno de los principales derechos vulnerados es el acceso a agua segura y de calidad. A ello se suma la ausencia de procesos de consulta previa, ya que los habitantes de Santa Teresita no fueron consultados sobre la presencia de actividades mineras en su territorio.
La consulta previa, como mecanismo reconocido, implica procesos de información y formación donde las comunidades pueden analizar los impactos de proyectos extractivos y tomar decisiones informadas sobre su implementación. Sin embargo, en este caso, dicho derecho no ha sido garantizado.
Frente a esta realidad, la Repam manifestó su compromiso de continuar promoviendo estos espacios formativos en la Amazonía, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las comunidades para la defensa de sus derechos, territorios y modos de vida.
La experiencia en Santa Teresita refleja la situación que enfrentan cientos de comunidades amazónicas, donde la defensa del territorio se convierte en una tarea urgente ante el avance de actividades extractivas. En este contexto, las escuelas de derechos humanos se consolidan como herramientas para promover la conciencia, la organización y la acción colectiva en favor de la vida.
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