La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto expresaron su preocupación por la creciente conflictividad social que atraviesa Bolivia y convocaron públicamente a un “Diálogo por el Bien Común” entre el Gobierno y organizaciones sociales, en medio de bloqueos, enfrentamientos, denuncias de violencia y una crisis que ya golpea severamente a la población de las ciudades de El Alto y La Paz.
El pronunciamiento conjunto fue suscrito por el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Mons. Giovanni Arana; el Defensoría del Pueblo, representado por Pedro Callisaya; y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, encabezada por Virginia Ugarte.
En el documento, las tres instituciones manifestaron su “honda preocupación” por los hechos de violencia registrados en las últimas jornadas, las expresiones verbales ofensivas, la vulneración de derechos humanos y las afectaciones a terceros, señalando que estas situaciones “no debieran presentarse bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo entre los bolivianos”.
Convocatoria al diálogo
“El país atraviesa una escalada de conflictividad”, advierten, al tiempo de condenar toda forma de violencia y llamar a recuperar el camino del entendimiento y el diálogo. “Frente a la intransigencia en el conflicto llamamos a contraponer la claridad de la palabra; frente al descontrol de las pasiones vigorizar la fuerza del entendimiento; frente a la presencia de la violencia invocamos la fecundidad del diálogo”, señala el pronunciamiento.
Ante la tensión social, las tres instituciones convocaron a una mesa de diálogo entre el Gobierno, la Central Obrera Boliviana, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa y la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari. “A la espera de su pronta confirmación para poder coordinar fecha y hora”, concluye el documento difundido públicamente.
La convocatoria surge en un contexto de movilizaciones y bloqueos que ya se prolongan por más de dos semanas y que han derivado en desabastecimiento, cierre de comercios, pérdidas económicas y múltiples denuncias de agresiones contra la población civil.
“Repudiamos todo acto de violencia”
En entrevista con la red televisiva Unitel, Mons. Giovanni Arana profundizó sobre el pronunciamiento y dijo que la Iglesia rechaza cualquier expresión violenta, sin importar su origen: “Evidentemente, como Iglesia repudiamos todo acto de violencia, venga de donde venga, ya sea del Gobierno, ya sea de los sectores sociales”.
El obispo de El Alto sostuvo que las reivindicaciones sociales “pueden ser o no justas”, pero cuestionó los métodos utilizados para exigirlas: “La manera de pedirlas, los medios por los cuales se quieren lograr, creo que no nos parecen los correctos”.
La autoridad eclesial explicó que, junto a la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, se tomó la decisión de impulsar una “mesa de diálogo pública” y de enviar invitaciones formales a los sectores involucrados para intentar restablecer la paz social, especialmente en las ciudades de El Alto y La Paz.
“La protesta parece ir contra la misma gente”
Durante la entrevista, el obispo atribuyó la falta de respuesta a la convocatoria a la “intransigencia” de algunos grupos radicales y advirtió sobre una “espiral de violencia” que ha ido creciendo a lo largo de los días de conflicto.
“Creemos que es momento de ver el sufrimiento también del pueblo”, manifestó, señalando que los hechos violentos registrados recientemente muestran que “parecería que la protesta no es contra el Gobierno, sino contra la misma gente porque es la que directamente sufre”.
Mons. Arana mencionó casos de personas golpeadas, negocios saqueados y familias perjudicadas económicamente, insistiendo en que “esa no es la vía” para resolver los conflictos. Asimismo, remarcó que el centro de cualquier negociación debe ser el bien común y no intereses sectoriales o políticos: “Aquí tienen que primar el bien de la comunidad”, dijo, recordando que tanto en el altiplano como en las ciudades de El Alto y La Paz la población atraviesa momentos de gran sufrimiento.
Un conflicto que se agravó por falta de atención
El secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana consideró además que el conflicto no fue atendido oportunamente y advirtió que cuando las demandas sociales no son escuchadas a tiempo, las reivindicaciones cambian y se radicalizan.
“La experiencia nos dice en Bolivia especialmente que cuando tú no atiendes un conflicto, las reivindicaciones van cambiando”, explicó. Según el obispo, el conflicto comenzó con demandas concretas, pero posteriormente fue sumando nuevas exigencias y tensiones, llevando al país a un “punto decisivo”. “Estos días serán decisivos para ver quiénes van por el diálogo y quiénes van por la confrontación”, sostuvo.
En otro momento de la entrevista, Mons. Arana señaló que uno de los problemas que agrava la situación es la falta de comunicación clara por parte del Gobierno. El prelado indicó que muchas personas reciben información errónea de sus dirigentes y terminan creyendo afirmaciones falsas, como supuestas privatizaciones de empresas públicas u otras medidas que, según afirmó, “no son ciertas”.
“Son estas malas informaciones lo que creo que también en este momento está generando la violencia”, dijo. Por ello, consideró necesario que las autoridades transparenten mejor las acciones que realizan y mejoren la comunicación con la ciudadanía: “Creemos que un factor que está fallando en el Gobierno también es ese tema de la comunicación”, señaló.
El Alto: entre bloqueos, miedo y desabastecimiento
Como obispo de la Diócesis de El Alto, Mons. Arana describió además el delicado panorama que atraviesa la ciudad de El Alto, donde inicialmente los bloqueos afectaban principalmente las rutas hacia Desaguadero, Copacabana y Viacha, pero que posteriormente se extendieron a distintos sectores urbanos. “Ayer ha sido una jornada realmente triste”, relató, indicando que muchos negocios permanecieron cerrados debido a amenazas de saqueos.
El obispo contó que incluso trabajadores del Obispado sufrieron agresiones cuando intentaban movilizarse por la ciudad y que tuvieron que ser acompañados hacia lugares seguros para regresar a sus hogares. También compartió el testimonio de una mujer de más de 60 años que salió a vender productos en La Paz porque, según le dijo, “si no vendo, no tengo para comer”. “Esta realidad es de muchas personas en la ciudad del Alto”, lamentó.
Mons. Arana recordó que más del 80% de la población alteña vive del trabajo informal y depende de las ventas diarias para subsistir, por lo que los 19 días de bloqueos están provocando graves consecuencias económicas y alimentarias. “Por un lado el alimento está caro, por otro lado ya no hay alimento y por otro lado la gente ya no tiene dinero para comprar”, advirtió.
“La única vía es el diálogo”
Frente a la crisis, la Iglesia reiteró que continuará promoviendo espacios de encuentro y diálogo junto a otras instituciones.
Mons. Giovani Arana recordó que recientemente se realizó una jornada de oración por la paz en El Alto y aseguró que la Iglesia no perderá la esperanza de alcanzar una salida pacífica: “Lo último que tenemos que perder es la esperanza”.
Insistió en que la solución solo podrá alcanzarse mediante una mesa de diálogo en la que todas las partes estén dispuestas a ceder. “Creemos que en este momento, y lo hemos dicho siempre, la única vía de solución a los conflictos es sentarse en una mesa, dialogar y que ambas partes también puedan ceder frente a sus pedidos y reivindicaciones”, finalizó.
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