La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) alertó sobre las implicaciones de la Ley N.° 7363/2024 y la obligatoriedad de registro en el sistema SIARA, que introduce nuevas disposiciones para las entidades sin fines de lucro, y solicitó su revisión.
En una carta firmada por el obispo de San Pedro, Apóstol y presidente de la CEP, monseñor Pierre Laurent Jubinville, junto con el secretario general del episcopado, Roberto Carlos Zacarías López, los prelados se dirigieron al ministro interino Juan José Galeano para expresar sus preocupaciones sobre el sistema de inscripción obligatoria y su impacto en múltiples iniciativas sociales que adelanta la Iglesia.
Aunque valoran los principios de transparencia y rendición de cuentas, los obispos advierten que la aplicación de la ley podría complicar el funcionamiento de organizaciones que operan con recursos limitados, particularmente en áreas vulnerables . Subrayan que muchas de estas iniciativas sostienen servicios educativos, de salud y asistencia social que alcanzan a miles de personas.
Carga administrativa y riesgos para la misión social
El episcopado paraguayo considera que las nuevas exigencias administrativas podrían superar la capacidad de numerosas organizaciones eclesiales. Asegura que la preparación de documentos, entrega de informes periódicos y cumplimiento de procedimientos técnicos supone un reto grande para entidades que operan con equipos limitados y pocos recursos tecnológicos .
También alertan que el cumplimiento de estas disposiciones tendría un costo económico relevante. Esto supone la contratación de expertos para responder a las exigencias legales, reduciéndose los fondos destinados a la labor social que la Iglesia realiza con la población vulnerable.
Los obispos advierten además que la normativa podría derivar en una duplicación de controles, pues estas organizaciones ya cumplen con supervisiones de distintas instituciones públicas. Sostienen que esta superposición de exigencias eleva la carga administrativa sin traducirse en un control más efectivo.
Llamado al diálogo y propuestas concretas
Desde la Iglesia insisten en que su postura no apunta a evitar responsabilidades, sino promover un marco normativo justo y viable. En esa línea, plantea que las regulaciones deben reconocer la diversidad de las organizaciones y permitir el desarrollo de su labor social sin restricciones innecesarias.
En ese marco, la Conferencia Episcopal Paraguaya solicita una prórroga de al menos un año para la inscripción en el sistema, para permitir una transición progresiva. Además, sugiere revisar la ley para corregir disposiciones que resulten excesivas o redundantes, e incorporar criterios diferenciados según el tamaño y la capacidad de cada organización.
De igual manera, piden desarrollar iniciativas de apoyo técnico y formación gratuita que permitan a las organizaciones más pequeñas, facilitar la adaptación a las nuevas disposiciones.
En conclusión, los obispos instan a generar instancias de diálogo entre autoridades y sectores sociales, convencidos de que una normativa construida de manera participativa fortalecerá el trabajo por el bien común sin poner en riesgo la acción solidaria.
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