La Conferencia Episcopal Puertorriqueña ha hecho un enérgico pedido a las autoridades en un comunicado: frenar el aumento desmedido de los precios de la energía eléctrica en el país, toda vez que se han unido a una marcha ciudadana, convocada para este miércoles, 28 de junio, en la capital San Juan, en protesta contra estas medidas.
Argumentan que en un contexto de alta inflación y de crisis económica una medida así resulta inviable, porque atenta contra “la vida plena y el bien común de nuestro pueblo”.
Además señalan que este ajuste desmedido al servicio de energía eléctrica solo beneficia a unos pocos para cubrir un hueco fiscal por la mala gestión pública, por ello, rechazan que “sea el pueblo quien siga pagando las consecuencias”.
Un clamor que se suma a las denuncias de la coalición ciudadana, porque “pretender el pago de una deuda que no ha sido auditada, que tampoco tiene garantías de protección constitucional en caso de quiebra” atenta contra los principios de “la doctrina social de la Iglesia, anclada en el Evangelio que predicamos”.
Hermandad y unidad
Los prelados recordaron lo que ya venían advirtiendo en su mensaje pastoral previo a las elecciones de 2020, cuando advirtieron de la crisis económica y energética por las secuelas del huracán María.
En ese momento, llamaron a practicar “una economía más solidaria, que favorezca el desarrollo de pequeños negocios y empresas familiares, que fomente nuestra agricultura para reducir la dependencia alimentaria y cuyos resultados y ganancias generen verdadera riqueza y desarrollo local”.
“Se requieren medidas que protejan nuestros recursos naturales y que no los sigan exponiendo a la explotación desmedida por unos pocos o por intereses ajenos a nuestro verdadero desarrollo”, han indicado.
De hecho, los Obispos han invitado a la convocatoria para la Marcha del Pueblo, citada para el este miércoles, 28 de junio, a las 4 p.m. en San Juan como medida de protesta ante esta injusta medida del aumento de precios de la electricidad.
“Urge el sentido de hermandad y de unidad para evitar que se nos imponga, junto al pago de la deuda del plan de ajuste fiscal, otro pago a largo plazo que hipoteque nuestro desarrollo y las garantías de un futuro digno para nuestra nación”, apuntaron.
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