Tras el anuncio hecho el pasado 6 de febrero por el gobierno colombiano y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) de acordar prolongar el cese al fuego bilateral, la suspensión de los secuestros extorsivos y la prohibición de utilizar menores en el conflicto, el obispo de la diócesis de Istmina-Tadó y administrador apostólico de Quibdó, monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, dijo que este acuerdo muestra una fragilidad en los territorios más periféricos de Colombia.
En diálogo con la Agencia de Información SIR de la Conferencia Episcopal Italiana, el prelado se refirió al paro armado decretado desde el pasado 10 de febrero por parte del frente Omar Gómez del ELN en el Medio San Juan en Chocó y que hoy tiene a más de 30 mil personas afectadas.
“Expreso enfáticamente mi condena a este paro armado, que contradice la decisión tomada por el Eln el 6 de febrero donde hay un acuerdo al cese al fuego bilateral. Una premisa básica es que los ciudadanos puedan vivir en un ambiente de serenidad”. Monseñor Álvarez también hizo un llamado a los grupos paramilitares para que se unan “en la búsqueda sincera de la paz”.
Se vive una verdadera crisis humanitaria
Aseguró que las comunidades de Mina, Nóvita, Sipi y del litoral de San Juan están enfrentando el confinamiento por cuenta de este paro armado decretado por el grupo del ELN, al tiempo que los pobladores de Chambacú, Negria, Doidó y Noanamá padecen el desplazamiento forzado por esta situación, llegando ya a cerca de 30 mil personas las afectadas por este conflicto.
El religioso advirtió además que, la Iglesia a través de los párrocos ha estado presente acompañando a las comunidades y buscando los mecanismos para lograr entrar ayudas a estos territorios pues ya escasean los medicamentos y hay pocos alimentos debido a que los campesinos no han podido salir a trabajar la tierra. “Estamos tratando de encontrar a alguien que nos ayude a llegar hasta ellos con más ayuda humanitaria. Lo que hemos logrado darles es insuficiente».
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Una pelea por control del territorio
Durante su intervención, el prelado expuso que la realidad de estos territorios no ha sido nada fácil y observó que los guerrilleros aseguraron que el paro se aplicó como respuesta a las acciones de los grupos paramilitares. “De fondo, es el viejo problema del control del territorio, y el comercio conexo, lícito e ilícito, en zonas donde no llega el Estado”.
Al mismo tiempo que el ELN tomara la decisión de levantar la restricción del paro armado, a partir de las 00 horas del 14 de febrero, el Personero de esa población Serguey Palacios, informaba que se estaban presentando enfrentamientos entre este grupo y el Clan del Golfo en la vereda Chambacú del municipio de Sipí, dejando hasta el momento cerca de 100 personas desplazadas de la zona de combates.
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