Los obispos de la Conferencia Episcopal peruana pidieron al Gobierno que detenga de manera urgente la violencia y el uso desmedido de la fuerza.
En el comunicado oficial que toma por título la cita del libro del Éxodo «No matarás», los prelados reprueban la muerte de 17 personas y los más de 60 heridos entre civiles y policías que dejaron las protestas ciudadanas en la región de Puno, este 9 de enero y que según los datos del Ministerio de Salud peruano establecen el impacto de armas de fuego y el efecto de bombas de humo al parecer lanzadas desde helicópteros, como las principales causas.
Los prelados lamentaron que estos hechos sean la consecuencia de desnaturalizar el derecho a la protesta, recurriendo a la ilegalidad y el abuso de las atribuciones que corresponden a las autoridades.
Los fallecimientos se presentaron en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, ubicado en el departamento de Puno, durante los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes que al parecer buscaban tomarse las instalaciones del terminal aéreo, exigiendo la convocatoria a unas nuevas elecciones este año, la realización de una asamblea constituyente y la liberación del expresidente Pedro Castillo.
Víctimas en aumento
Con esta cifra de fallecidos se elevaría a más de 40 el número de víctimas mortales en el contexto de las movilizaciones contra el mandato de Dina Boluarte, a quien le exigen renunciar.
De acuerdo con la información de los medios locales, las protestas de este lunes ampliaron su alcance a otras seis regiones del país con bloqueos de carreteras en Apurimac, Cusco, Madre de Dios, Amazonas y Arequipa.
Desde el punto de vista del primer ministro Alberto Otálora, ante el comportamiento violento de unos 2.000 manifestantes, la fuerzas del orden debieron actuar. «Fue un ataque organizado, sistemático, de vandalismo y de actividades violentas contra instituciones de Puno,» advirtió.
Defender la vida de todos
Para los obispos peruanos es urgente que se detengan las muertes vengan de donde vengan y advierten que tanto el Ministerio Público, como el Poder Judicial, deben investigarlas y sancionarlas, en la misma forma en que corresponde al Congreso tomar las decisiones que exige la coyuntura y la búsqueda de paz social para el país.
«Ambas situaciones son condenables y en ambas se debe, individualizar a los responsables,» indicaron los obispos al tiempo que aclararon que es necesario distinguir los justos reclamos de los que no permiten avanzar en el diálogo racional. «No podemos dejar que el Perú se destruya por nuestras propias acciones ni dejarlo caer en un abismo institucional».
Caminemos juntos para construir la paz en nuestro amado Perú fue el llamado de los obispos al cierre de la comunicación en la que expresaron su solidaridad con los familiares de las víctimas. «Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a los familiares de los hermanos fallecidos y nuestra cercanía pastoral a los heridos».
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Escuchar, dialogar y concertar
Se espera que este 10 de enero el primer ministro Alberto Otálora se desplace hasta Puno acompañado de una delegación con el objetivo de iniciar un diálogo abierto con los manifestantes.
Recordemos que el pasado 7 de diciembre el presidente Pedro Castillo anunció en una alocución la disolución del congreso y la instalación del estado de excepción anunciando que gobernaría por decreto, situación a la que el Congreso respondió con la destitución por lo que se conoce como «incapacidad moral» y poniéndolo a órdenes de las autoridades competentes.
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