El Cerro quema, una zona de gran riqueza hídrica en el occidente de Panamá, distrito de Tonosí, Los Santos, corre riesgo de contaminación a causa de la minería. Así han alertado la diócesis de Chitré, Cáritas y la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Remam).
Desde 1997 la empresa Minera Cerro Quema S.A, subsidiaria de la empresa canadiense Orla Mining Ltd, obtuvo una concesión del gobierno panameño, desde entonces “ha habido mucha oposición por parte de los habitantes de la zona, pero no se ha hecho caso al clamor de la gente”.
Las organizaciones eclesiales han recordado que “son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior”, toda vez que Panamá pasa por una época de sequía que pudiera agudizar el problema.
Si bien no es una sequía “tan grave como en otros lugares, pero sequía al fin, que pone en peligro la producción, el funcionamiento del Canal de Panamá y, principalmente, la vida de la gente”.
Alto a la minería
Han denunciado que la actividad minera en Cerro Quema se realiza a cielo abierto, allí “se utilizará cianuro y otros contaminantes para trabajar, en una zona de unas 15 mil hectáreas, es un peligro para las personas y la ecología”.
Se trata de una región “con ríos que pueden ser contaminados por los químicos que se usarían en la mina. Además hay un peligro adicional, porque la mina está en una importante área sísmica del país”.
Recordaron que “hace un mes, junto con los hermanos de otras organizaciones, expresamos que: “La minería metálica NO ES VIABLE NI SOSTENIBLE en un país con la riqueza hídrica y de biodiversidad y la vulnerabilidad climática de Panamá”.
Este clamor está avalado por “muchos estudios internacionales y nacionales” y los Obispos han confirmado este riesgo: “No hay dinero en el mundo que pueda compensar el daño que la extracción minera puede causar a corto, mediano y largo plazo”.
Por esto, “nos unimos a las miles de personas que ya han hablado, y solicitamos que no se permita el desarrollo de este proyecto, tomando en cuenta los daños ecológicos que puede ocasionar contaminando el aire, los suelos y agua, los cuales afectan la vida de las personas y el futuro del país. El Estado tiene la obligación de prevenir los peligros, garantizar y asegurar los derechos de los habitantes del país”.
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