Comunidades Eclesiales de base, las Cáritas diocesanas de El Salvador y la Red Centroamericana por la defensa de las Aguas Transfronterizas (RedCAT) han expresado su preocupación por el avance de políticas gubernamentales en favor de la minería, con apoyo del propio gobierno, a pesar de que hay una ley que la prohíbe.
Al respecto, han cuestionado “la ejecución de megaproyectos de infraestructura que, por su propia naturaleza, son depredadoras del medio ambiente. También observamos diversas actividades económicas extractivas que agravan la crisis socio ambiental que vive el país”.
Avance de la minería
“Somos el único país que tenemos la Ley contra la minería, estamos vulnerables en estos momentos que se derogue, seguimos trabajando por la defensa del agua”, lamentaron. De hecho, el pasado 29 de marzo se cumplieron 6 años de haberse aprobado la ley de prohibición de la minería metálica en el país.
Sin embargo, “es una ley que no se cumple. Las obligaciones derivadas de la ley como el cierre y remediación de los pasivos ambientales, consecuencia de la explotación minera anterior a la aprobación de la ley y la reconversión económica de las familias dedicadas a la minería artesanal a otras actividades productivas, siguen sin cumplirse”. A la fecha se sigue desarrollando actividades mineras, especialmente en la zona de San Sebastián, municipio Santa Rosa de Lima.
Las organizaciones han denunciado que se está pasando por un momento “muy delicado”, puesto que el gobierno “ha adoptado un conjunto de acciones encaminadas a revertir la ley de prohibición de la minería metálica y, por consiguiente, abrir nuestro país a la explotación minera”.
Entre las acciones que han cuestionado están: la incorporación de El Salvador al Foro gubernamental sobre minería, minerales, metales y desarrollo sostenible-IGF; la Ley general para la creación de la dirección de energía, midrocarburos y minas; la aprobación de la Ley de expropiación y de ocupación de bienes por el Estado.
Además, ven con preocupación la presencia de profesionales y trabajadores en general, relacionados a empresas mineras en los territorios, que “ya en el pasado han expresado su interés por explotar nuestros bienes naturales, lo anterior puede indicar que estas empresas se están preparando ante una eventual decisión del gobierno de revertir la ley”.
Advirtieron sobre la amenaza de la explotación minera en las zonas fronterizas, especialmente, por el proyecto minero Cerro Blanco, en el municipio de Asunción Mita (Guatemala), que de ejecutarse desencadenaría una grave afectación socio ambiental, incluyendo la vida de las y los habitantes en Guatemala y en El Salvador.
Solicitudes al Estado salvadoreño
También han denunciado la captura de líderes comunitarios en Santa Marta, departamento de Cabañas, porque se han opuesto a la explotación minera en esa zona, por ello, “nos solidarizamos con los compañeros de Santa Marta, detenidos arbitrariamente demandamos que se les respete su integridad moral y física, sus derechos y que se asegure la realización de un juicio justo y acorde con lo establecido en el marco legal del país”.
Frente al avance de proyectos de minería, han demandado del Estado salvadoreño lo siguiente:
1.- Cumplir y hacer cumplir plenamente la ley de prohibición de la minería metálica y enviar un mensaje claro a las empresas minera, que la reversión de la ley no es una opción para nuestro país.
2.- Que realice todas las gestiones necesarias a fin de evitar la explotación del
proyecto minero Cerro Blanco.
3.- Que se inicie de inmediato las negociaciones por un tratado sobre aguas transfronterizas con perspectiva de cuenca, de sustentabilidad y de participación real de las comunidades, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres y pueblo en general en la toma de las decisiones sobre proyectos que les pueden afectar en su vida.
4.- Basta de criminalizar a los defensores del medio ambiente, especialmente a quienes luchan por la sustentabilidad de sus territorios amenazados por la minería y otros proyectos que actualmente se implementan.
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